La Asamblea Nacional de 2015, encabezada por la diputada Dinorah Figueroa, aprobó este martes una propuesta para extender la vigencia de miles de millones de dólares en bonos en default emitidos por el gobierno y Petróleos de Venezuela (PDVSA).
El parlamento de oposición aprobó una propuesta de los comités que supervisan los activos extranjeros del país para extender la validez del bono de mil millones de dólares por cinco años.
La propuesta buscaría negociar con los tenedores de bonos y reducir el riesgo de nuevas acciones legales en los tribunales estadounidenses, donde los acreedores han aparecido para apoderarse de la empresa y cobrar las deudas pendientes de pago de los bonos.
“Es necesario que, antes de la fecha de vencimiento obligatoria, porque los bonistas ven la oportunidad de demandar una indemnización (…) la Asamblea Nacional acuerde prorrogar la fecha de vencimiento del bono”, dijo el legislador José Salazar durante la sesión.
El principal objetivo de la decisión del parlamento es incentivar una “reestructuración ordenada” de la deuda externa de Venezuela, por lo que instó a los bonistas a no emprender acciones legales.
Las obligaciones de Venezuela y PDVSA superan los $60.000 millones.
El gobierno de Nicolás Maduro y PDVSA presentaron un planteamiento similar en marzo, para suspender la prescripción de los bonos por cinco años o hasta que se levanten las sanciones, sugerencia que no ha avanzado porque Washington no reconoce al presidente venezolano.
Las asambleas nacionales reconocidas por los Estados Unidos tienen una licencia del Departamento del Tesoro para celebrar acuerdos de liquidación de deudas. En 2019 y 2023 nombró un consejo de administración de PDVSA y un comité para proteger los activos venezolanos en el exterior.
El gobierno venezolano dejó de pagar a los bonistas a finales de 2017 y en octubre de este año sumará seis años sin pagar a los bonistas, lo que desencadenará posibles demandas.
La extensión del vencimiento del bono y cualquier posible negociación con los tenedores de bonos, que están pendientes de la aprobación de EE. UU., no implican que Venezuela renuncie a su derecho a emprender acciones legales para proteger los activos según sea necesario en virtud del acuerdo.
Varios acreedores han presentado demandas judiciales para cobrar deudas, poniendo en riesgo a la refinería estadounidense Citigo, el principal activo de Venezuela en el exterior. Un tribunal de Delaware ya programó una subasta de las acciones de una de las empresas matrices de Citigo para octubre
Con información de Voz de América