En el complejo panorama de salud pública de Venezuela se revela un desafío silencioso: la brecha entre la incidencia real del VIH y los diagnosticados. Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en 2023, 110 mil personas en Venezuela vivían con el virus, pero sólo 74 mil eran conscientes de su condición. Este desequilibrio refleja barreras importantes para la detección temprana y el acceso a pruebas importantes.
Desde 2019, el Fondo Mundial de lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria ha sido un pilar importante, asegurando antirretrovirales gratuitos para 57 mil personas seropositivas. Sin embargo, la situación se complica en la etapa del diagnóstico.
Según La Prensa de Lara de Acción Solidaria y Azul Positivo, las pruebas PCR para VIH y sífilis, proporcionadas por diversos organismos internacionales, son inadecuadas y limitadas a algunos centros de salud. Debido a esta escasez, se estima que 36.000 personas desconocen su estado serológico respecto del VIH, una realidad alarmante en un país donde, en promedio, cuatro de cada 10 personas son portadoras del VIH sin saberlo, según ONG locales.
Johan León, director de Azul Positivo, destaca el miedo psicológico que rodea a la prueba del VIH, contribuyendo a evitarlo salvo que sea estrictamente necesario. La falta de disponibilidad en los centros de salud públicos agrava el problema, reduciendo las posibilidades de detección temprana.
En 2019, en Julia, el 90% de las personas que buscan ayuda ya se encuentran en la fase de sida, lo que pone de relieve la urgencia de actuar en materia de detección precoz. Las pruebas se realizan sólo cuando es necesario, lo que obliga a muchos a acudir a laboratorios privados, donde los costos oscilan entre 15 y 20 dólares, una barrera financiera para las personas de bajos ingresos.
