En el programa quincenal Runrun.es, El Pitazo y ritmocual, defensores de derechos humanos y periodistas evaluaron el alcance del proyecto de ley presentado por el chavismo en la Asamblea Nacional a principios de abril. Coinciden en que el instrumento pretende criminalizar la disidencia, limitar la libertad de expresión y violar el derecho a protestar.
Autor: Francisco Zambrano
2 de abril, el Proyecto de ley contra el fascismo, el neofascismo y expresiones similaresUn instrumento que consta de 30 artículos y prevé penas de hasta 12 años para quienes promuevan actividades vinculadas al fascismo.
Hoy es martes 9 de abril su quinta edición la conversaciónRunrun.es, sitio de El Pitazo y Alianza Rebelde Investiga (ARI). ritmocualEl título era Cómo nos afecta a todos la ley contra el fascismo.
El programa conducido por la Coordinadora ARI, Rona Risquez y al que asistieron Luis Ernesto Blanco, Director de Runrun.es; El Pitazo, César Bátiz y ritmocualVíctor Amaya, defensores de derechos humanos como Laura Luza de la ONG Aseso de la Justicia y Marino Alvarado del Programa Educación-Acción en Derechos Humanos de Venezuela (PROVIA) cuestionaron el instrumento legal que pretende aprobar el gobierno de Nicolás Maduro.
“Esta ley, antes y después en Venezuela, cambia el sistema penal, transformándolo en algo completamente represivo y sin garantías”, dijo Luza.
En su comparecencia en el Parlamento para promover la ley, la vicepresidenta de la República, Delsy Rodríguez, definió al fascismo como un “método de violencia política” y citó como ejemplo las protestas antigubernamentales de 2014 y 2017.
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Entre los aspectos que han llamado la atención de los miembros de la sociedad civil, destacan de 8 a 12 años de prisión e inhabilitación para cargos públicos a quien “solicite, incite, promueva o realice actos violentos”.
Multas de hasta 100.000 dólares para medios electrónicos o impresos que difundan mensajes fascistas, retiro de exenciones a canales de televisión y estaciones de radio, y disolución de partidos políticos que promuevan tales conductas.
“La ley es parte de un marco legal que comenzó a establecerse durante la administración del presidente Hugo Chávez y tenía como objetivo cerrar espacios de disidencia, criminalizar las voces críticas y legitimar una represión que ha alcanzado niveles de criminalidad. Crímenes de lesa humanidad dirigidos por la Misión de Investigación de las Naciones Unidas”, dijo Alvarado.
Convenientemente explicado
Al igual que la actual ley contra el odio, la propuesta por el chavismo contra el fascismo abarca conceptos amplios, amplios y subjetivos.
“Estos son conceptos jurídicos indefinidos y no deben ser tratados como hechos punibles porque da lugar a que cualquier acto sea un delito”, afirmó Luza.
Según Amaya, ésta es una ley de riesgo, no de hecho. “En términos legales, castiga la intención.”
Para Blanco, el proyecto representa ambigüedad y tiene “todo el espíritu de un Estado totalitario”.
Pero el madurismo se defiende y sostiene que la ley es necesaria porque en los últimos 25 años ha habido zonas que “se convirtieron en violencia como forma de acción política”.
Además de amenazar la libertad de expresión y asociación, el aparato legal criminaliza la protesta y otorga a los funcionarios licencia para dispersarse incluso antes de las manifestaciones.
“Criminalizar el pensamiento es muy grave porque acaba con la libertad de expresión y de asociación; esta ley legitima la persecución de quien piensa diferente”, afirmó Luza.
Como ejemplo de represión a la disidencia, Batij citó la reciente detención de cuatro personas en el estado Mérida por enviar mensajes de WhatsApp criticando la administración del gobernador Jehyson Guzmán.
Para Alvarado, la aprobación de este proyecto de ley es otro golpe a la democracia venezolana.
“Si este proyecto de ley se convierte en ley, planteará riesgos aún mayores para los líderes sociales y políticos y para cualquiera que esté dispuesto a defender sus derechos”.
¿Otra llamada?
La Conversa también tuvo espacio para analizar la detención del exministro de Petróleo Tarek El Aissami, quien un año después de su desaparición fue mostrado por el gobierno de Maduro como una especie de trofeo contra la corrupción.
La “captura” de El Aisami fue comparada con el “Dacazo”, un período en el que un gobierno naciente de Maduro obligó a las tiendas de electrodomésticos Daca a vender por debajo de los precios regulares en vísperas de las elecciones municipales de 2013.
También consideraron una posible estrategia de reconciliación con Estados Unidos, cuyo sistema de justicia ofrecía una recompensa millonaria para El Isami acusado de “desempeñar un papel significativo en el tráfico internacional de drogas”.
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