La nueva norma, aprobada en agosto y que está formalizada en el Boletín Oficial desde el pasado 15 de noviembre, impone requisitos adicionales a la gestión y creación de ONG y otras organizaciones sin fines de lucro, cuyo incumplimiento está sujeto a estrictas sanciones, incluida la disolución. de sus oficinas.
La noche de este martes 3 de diciembre se publicó la Gaceta Extraordinaria de Gobierno N° 6.855, en la que se publicó la “Ley de Supervisión, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones Privadas y de las Organizaciones Sociales sin Fines de Lucro”, la cual se encuentra clasificada. “Ataque” a la sociedad civil del país y a la libertad de asociación.
La Ley Sade, que consta de 39 artículos, tres disposiciones transitorias y una disposición derogatoria, fue aprobada por la Asamblea Nacional el 15 de agosto e introducida por Nicolás Maduro un mes después, pero su publicación en la Gaceta se oficializó el 15 de noviembre.
Desde entonces, señala el mismo reglamento, se ha iniciado el tiempo para la creación de un registro nacional de ONG y organizaciones sin fines de lucro, que estará a cargo del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz que encabeza Diosdado Cabello. Uno de los principales impulsores de este instrumento.
La nueva regulación impone requisitos adicionales a la gestión y creación de ONG y otras organizaciones sin fines de lucro, y el incumplimiento está sujeto a sanciones más severas, incluida la terminación del mandato.
Las organizaciones, que deben proporcionar sus libros y registros anualmente, además de informar periódicamente sobre los fondos o donaciones que reciben, prohíben a los partidos “aceptar o contribuir con donaciones financieras a organizaciones con objetivos políticos”; “propaganda del fascismo” o incitación al odio o “cualquier otro acto prohibido por la ley”.
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Diversas organizaciones nacionales e internacionales han pedido al parlamento venezolano que se abstenga de aprobar la ley, ya que restringe la libertad de asociación y el trabajo de las ONG en el terreno. El Alto Comisionado Volker Turk señaló que la adopción de leyes de este tipo en el país “socava el espacio civil y democrático”.
El abogado chileno Francisco Cox, experto en la misión de investigación de Venezuela, dijo que “la norma impondrá a las ONG, existentes y en proceso de formación, un conjunto de requisitos formales tan difíciles que otorgará al Estado un poder semipermanente”. para reprimirlos.
Además de las restricciones a la libertad de expresión y asociación, llamaron la atención sobre los poderes otorgados al ejecutivo nacional, particularmente el poder de implementar medidas regulatorias que supervisarían y sancionarían “el desvío de asuntos que comprometan la soberanía nacional” (artículo 13).
“También abre a las organizaciones a una vigilancia permanente a través de potenciales controles policiales o de inteligencia”, dijo la misión, que especula que, así, las organizaciones que recurran a organizaciones internacionales de derechos humanos o que reciban financiación extranjera podrían enfrentar sanciones por supuestamente comprometerlas. Soberanía nacional.
También señalaron que, sin acceso a fondos de cooperación internacional, muchas de estas organizaciones inevitablemente desaparecerían.
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