con una espátula
A fines de junio, 46 mujeres fueron asesinadas en prisiones hondureñas. La masacre, que fue la tercera más mortífera en la historia carcelaria del país centroamericano, profundizó la crisis de seguridad, expuso una vez más la corrupción estatal y devolvió a los militares a la seguridad pública.
Por Caracas Al Dia
Dos noches después de la masacre de Tamara, la principal cárcel de mujeres del país, a unos 30 kilómetros de la capital, la presidenta Xiomara Castro se rodeó de uniformados en un salón del palacio presidencial de Tegucigalpa. Para entonces, horas después de la masacre, Castro había despedido a su ministro de Seguridad, reorganizado la dirección del Poder Popular, disuelto una comisión especial para el saneamiento de las cárceles y restituido plenamente sus competencias al Ejército. El mandato del expresidente Juan Orlando Hernández, actualmente preso en Estados Unidos en espera de juicio por narcotráfico.
La masacre de Tamara tuvo lugar la noche del martes 20 de junio. Las primeras versiones filtradas por la policía a los principales medios hondureños indicaban que un grupo de mujeres pandilleras del Barrio 18 planeó un ataque contra reos de la MS13, el grupo opositor. Los atacantes, armados con armas de grueso calibre, dispararon contra algunas de sus víctimas y prendieron fuego a dos colchones con los que prendieron fuego que quemó a varios presos. La respuesta del presidente Castro no tardó en llegar.
Esa misma noche, el presidente Castro anunció la destitución del general de la Policía Nacional Ramón Sablon, quien descubrió vínculos entre el expresidente Hernández y narcotraficantes a principios de la década pasada, y a quien el nuevo presidente nombró a cargo de la seguridad pública. En su lugar, Castro dejó un grupo de soldados anticuados, algunos de los cuales estaban vinculados a las viejas fuerzas de Hernández.
La periodista Wendy Funes, quien ha seguido la transformación de la narcopolítica en Honduras desde los primeros años de Hernández, reveló, con base en información de fuentes del sistema de seguridad hondureño, que la masacre de Tamara fue producto de un boicot de un sector de las fuerzas armadas. Para recuperar el control del dispositivo de seguridad.
“Desde marzo tenemos información de que había una conspiración en el sistema de seguridad pública… para obligar al gobierno a dar marcha atrás y volver a militarizar la política criminal del estado… los militares querían demostrar que pueden manejar la seguridad, esa es una cosa. Poder, presupuesto e influencia política”, dijo Funes a InfoBike en una conversación telefónica.
Cuando asumió como presidente en enero de 2022, Giomara nombró a Castro Sablon, quien había desestabilizado la alianza entre el expresidente Hernández y las organizaciones narcotraficantes hondureñas, como jefe de seguridad pública. Uno de los primeros actos públicos de Sablon fue supervisar la extradición del expresidente a Estados Unidos tres meses después, en abril de 2022. Durante esos meses, la jefatura del ejército durante el gobierno de Hernández, que había entregado con la formación de la policía militar, comenzó a perder influencia en el control de la seguridad pública.
Infobae consultó a un oficial de inteligencia que trabaja para el aparato estatal hondureño sobre la causa de la masacre en Tamara. La fuente, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada para hacerlo en público, coincidió en que un complot de un sector del Ejército pudo haber propiciado la masacre, aunque no descartó otros móviles. “Es muy posible que esto sea un acto de desestabilización por las medidas tomadas por la comisión penitenciaria”, dijo el funcionario en referencia a una comisión especial creada por el gobierno de Castro en abril pasado para limpiar las cárceles y que ha encontrado resistencia. . Prisión desde el principio.
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