La oficina de derechos humanos de Naciones Unidas lamentó este jueves la decisión del gobierno venezolano de suspender las operaciones de su sucursal en Caracas y destacó que estaba examinando cómo actuar en consecuencia.
“Lamentamos este anuncio y estamos evaluando los próximos pasos”, dijo en un breve comunicado la portavoz de la oficina, Raveena Shamdasani.
“Seguimos hablando con las autoridades y otros actores. Nuestros principios rectores han sido y seguirán siendo la promoción y protección de los derechos humanos de los venezolanos”, añadió el portavoz de la oficina que encabeza el Alto Comisionado Volker Turk.
Su predecesora en el cargo, Michelle Bachelet de Chile, firmó un acuerdo con el gobierno venezolano en 2019 para mejorar la cooperación en cuestiones de derechos humanos, permitiendo la presencia continua de funcionarios de derechos humanos de la ONU en el país.
El gobierno venezolano argumentó este jueves que la oficina de la ONU en la capital nacional había “instrumentalizado” su trabajo contra el Ejecutivo, justificando su suspensión.
También indicó que realizará una “revisión integral de los términos de cooperación” acordados en 2019 con la agencia de la ONU y ordenó la expulsión de 13 funcionarios que trabajan en Caracas.
El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Iván Gil, dijo que el personal empleado en esta oficina solicita abandonar el país dentro de las próximas 72 horas hasta que Venezuela “corrija públicamente su actitud colonialista, degradante y violatoria de la Carta de la ONU ante la comunidad internacional”.
La decisión se produce un día después de que Michael Fakhri, enviado especial de la ONU para el derecho a la alimentación, afirmara que el gobierno venezolano le impidió visitar el centro de detención y que las autoridades cambiaron constantemente su agenda durante su visita de dos semanas. Esto terminó el miércoles.