Las muertes en prisión de tres presos políticos detenidos después de las elecciones presidenciales de julio en Venezuela violan normas básicas de derechos humanos, incluida la llamada “Regla Nelson Mandela”, y activarán el sistema de justicia internacional para estos casos, que ocurrieron el mes pasado. Según los expertos.
Jesús Rafael Álvarez, venezolano de 44 años, detenido en Bolívar, al sur del país, junto a su esposa Annie. Murió en el Hospital Judicial de ToquitoEn Karabobo, a 500 kilómetros de su zona de residencia, según familiares.
Uno de sus tres hijos identificó su cuerpo a partir de una fotografía y dijo que vio sus pómulos hinchados; .
Tres días después, el Observatorio informó de la muerte de otro preso político, Osgual González, de 43 años, en Toquito. Tenía síntomas de depresión y hepatitis, que fueron tratados tardíamente por las autoridades penitenciarias, según sus familiares.
En noviembre se informó de la muerte de Jesús Martínez Medina, músico y activista político venezolano que fue detenido tras las elecciones. Según la oposición y sus familiares, no recibió atención médica a tiempo y falleció en medio de la operación para amputarle ambas piernas, que ya estaban necróticas.
Sus muertes no sólo violan normas nacionales, como la Constitución de Venezuela, sino también otras declaraciones y acuerdos internacionales, advirtió. Voz de América Abogado experto en derechos humanos y miembro de la ONG Prova, Calixto Ávila.
El artículo 43 de la Constitución establece que el derecho a la vida es “inviolable” y que “el Estado protegerá la vida de las personas privadas de su libertad, por el servicio militar o civil, o en cualquier otro momento bajo su autoridad”. forma.”
Además, su artículo 46 señala que “toda persona tiene derecho al respeto de su integridad física, psíquica y moral” y señala que “cualquier funcionario público que inflija malos tratos o sufrimientos físicos o psíquicos a cualquier persona, o que incite o tolere tales En caso de transacciones realizadas por, serán sancionadas conforme a la ley.”
Regla irrespetuosa
Según Ávila, la detención de las tres víctimas fue arbitraria porque se produjo en el ejercicio de sus derechos y libertades contemplados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Sus muertes, según el abogado, constituyeron una violación de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, que “La regla Nelson Mandela”, en honor al guerrero y expresidente sudafricano, encarcelado durante 27 años durante su lucha por los derechos humanos, la igualdad y la democracia.
“Los incidentes de muerte, desaparición o lesiones graves deben ser reportados a la autoridad independiente de la administración penitenciaria facultada para investigar con rapidez, imparcialidad y eficacia las circunstancias de tales casos”, condiciones que no existen ni se aplican en Venezuela, consideró Ávila.
De acuerdo a En septiembre, el Independent denunció la Misión El sistema judicial de investigación de hechos en Venezuela está “claramente subordinado a los intereses del poder ejecutivo (Nicolás Maduro) y sirve como una herramienta clave en el plan para reprimir todas las formas de oposición política y social”.
Una investigación exhaustiva e independiente
Según Mariano de Alba, experto jurídico en geopolítica, derecho internacional y diplomacia, las muertes de Álvarez, González y Medina deben ser investigadas “profundamente” para determinar si los responsables fueron funcionarios estatales.
Las investigaciones deben ser el primer paso hacia la justicia, determinar la responsabilidad, compensar a sus familias e implementar medidas concretas para evitar que los prisioneros sigan muriendo bajo custodia estatal, señaló.
Si esto no sucede, “entonces enfrentaremos hechos que incluyen la responsabilidad internacional del Estado venezolano, lo que podría ser una condena tanto política como posiblemente jurídica de los lamentables hechos”, indicó.
Carlos Lusvarti, abogado y profesor investigador del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, enfatizó que la responsabilidad de las recientes muertes “claramente recae en el Estado venezolano”, que estaba bajo su custodia.
“Las autoridades deben garantizar a sus familiares el derecho a la verdad, la justicia y la indemnización, incluida la disposición del cuerpo de conformidad con su funeral y la realización de una investigación imparcial e independiente”, afirmó. VOA.
Ávila, de Prova, duda que su caso tenga las condiciones para una justicia imparcial como lo reitera la misión independiente de la ONU.
La supuesta parcialidad del poder judicial como parte de un “aparato represivo” permitió que el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, pudiera investigar crímenes de lesa humanidad en Venezuela, recordó.
“Ante la falta de posibilidades a nivel interno para establecer justicia para este tipo de delitos, los organismos internacionales se activan”, destacó el abogado.
Reputación dañada
El gobierno venezolano ha descalificado la investigación de la Corte Penal Internacional por considerarla política, al tiempo que denuncia la existencia de una supuesta conspiración violenta de actores extranjeros en su contra.
Según el fiscal general de Venezuela y ex diputado del chavismo, Tarek William Saab, el Estado liberó a más de 500 personas después de las elecciones como parte de su “compromiso con la paz, la justicia y los derechos humanos”.
De Alba, por su parte, destacó que casos como el de Álvarez y González también generan preocupación internacional sobre los derechos humanos y la situación política del país, además de “dañar la reputación del gobierno venezolano”.
“Estos son datos que podrían, por ejemplo, incluirse en futuros informes de organizaciones internacionales de derechos humanos o incluso en las investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad llevadas a cabo por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional”, afirmó.
Las medidas necesarias para evitar que se repitan muertes como las de Álvarez, González y Martínez Medina en las prisiones venezolanas incluyen permitir que los reclusos sean visitados, permitir que los reclusos se sometan a evaluaciones frecuentes por parte de trabajadores médicos y psiquiátricos, y “un tratamiento que digo”, ¿verdad?
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