La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos aprobó la criminalización de los defensores de derechos humanos y sindicalistas en el país. La vocera Marta Hurtado dijo que “el compromiso de brindar asistencia técnica a las autoridades para promover el cumplimiento de los estándares internacionales se mantiene en un espíritu de genuina cooperación”.
Así lo dijo la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) en una solicitud el sábado 5 de agosto. ritmocualDieciséis sindicalistas y defensores de derechos humanos condenados a 16 años de prisión por concierto para delinquir y asociación delictuosa.
La oficina del Alto Comisionado destacó el fallo contra “sindicalistas” y “reafirmó anteriormente que se han expresado preocupaciones sobre la criminalización de los defensores de derechos humanos en Venezuela, incluidos aquellos que se dedican a exigir mejores condiciones laborales y derechos laborales”, dice la carta firmada por Marta. Hurtado, portavoz de Oknudh.
Esta criminalización contra las personas defensoras de derechos humanos del país, recuerda la vocera, ha sido reiteradamente expresada por el propio Alto Comisionado Volker Turk, como señaló en su último informe sobre la situación en Venezuela publicado el 3 de julio.
“Otro es el juicio en curso de seis líderes sindicales y sindicalistas por cargos de conspiración y asociación para delinquir luego de su arresto hace un año en relación con protestas laborales. Todos los venezolanos y venezolanas tienen derecho a la reunión pacífica. Hago un llamamiento a los gobiernos y las organizaciones de empleadores para que respeten estos derechos fundamentales y entablen un diálogo serio con los sindicatos y los trabajadores”.
Además, la oficina expresó que mantiene su “compromiso de brindar asistencia técnica a las autoridades con un espíritu de genuina cooperación para promover el cumplimiento de los estándares internacionales”.
El miércoles 2 de agosto, el Segundo Tribunal Interino de Justicia de Caracas, a cargo del juez Grande Duque, condenó a 16 años de prisión a los sindicalistas Emilio Negrín, Alcides Bracho, Alonso Meléndez, Gabriel Blanco, Néstor Astudillo y Reynaldo Cortés. Sus abogados afirmaron que la única evidencia de la campaña durante el juicio fueron capturas de pantalla y mensajes en Twitter.
Un día después, Tarek William Saab, el fiscal general designado por la Asamblea Constituyente disuelta, defendió la decisión del juez Duke y afirmó que los seis hombres no formaban parte de un movimiento sindical.
También dijo en su discurso público que la decisión fue comunicada a representantes de la oficina del alto comisionado del país, quienes, según Saab, se mostraron “satisfechos” con la explicación de los representantes del Ministerio Público.
El movimiento sindical de Venezuela condenó la decisión como un intento de la administración de Nicolás Maduro de detener las protestas por mejoras salariales y violaciones de los convenios colectivos. La Coalición Sindical incluso mostró varios documentos en una conferencia de prensa, que identificaba a estos seis como sindicalistas.
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