Según el informe “Venezuela en Cifras”, los venezolanos están sufriendo violaciones sistemáticas de sus derechos más básicos a la seguridad, la salud, la economía y la libertad de expresión, denunció la ONG Un Mundo Sin Mordaza en su informe de este martes 3 de octubre. Informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el país.
En 2022, la pobreza en Venezuela era del 81,5% y, aunque estos números reflejan una reducción del 13% respecto a las cifras de 2021, esto no tuvo un impacto positivo para Venezuela, que enfrentó una economía con una inflación acumulada del 305,7%, con un salario mínimo. de 53 años para comprar una canasta básica de alimentos.
En este apartado, el documento cita las estadísticas de pobreza por ingresos medida por la Encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI) desarrollada por la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y que reporta un 81,5% de pobreza para 2022.
En este informe “Venezuela en la Estadística”, Se detallan las violaciones sistemáticas a los derechos humanos en el Estado venezolano, centrándose en siete áreas: libertad de expresión, medio ambiente, educación, seguridad ciudadana, inmigración, economía y salud.
Para el año 2022, la situación económica de Venezuela tuvo un impacto devastador en el acceso a bienes y servicios de los venezolanos, representando una violación de los derechos económicos, sociales y culturales de la población.
Paradójicamente, el producto interno bruto (PIB, la suma de la riqueza total en forma de bienes y servicios producidos por un país) creció un 17,3% ese año, un repunte después de años de caída. Pero esto no se ha reflejado en una mejora del nivel de vida promedio de los ciudadanos venezolanos.
Criminalización de las redes sociales
Respecto al derecho a la libertad de expresión, el informe detalla una nueva tendencia en el estado de criminalizar opiniones en redes sociales. Este patrón comenzó en 2021 en algunos casos aislados, pero en 2022 se convirtió en una herramienta sistemática de censura para periodistas y público en general, según explicó el portavoz de Un Mundo Sin Mordaza.
Esta ONG se define a sí misma como “un grupo de jóvenes activistas dinámicos”.
“Un Mundo Sin Mordazas (UMSM), nació en 2009 como una organización no gubernamental fundada y dirigida por Rodrigo Diamanti, encargada de condenar la degradación y ataques a la libertad de expresión en Venezuela”.
“A lo largo de sus 10 años de funcionamiento, la organización ha crecido más allá de sus fronteras con voluntarios de todo el país y de todo el mundo para coordinar campañas utilizando música, arte, eventos culturales, nuevas tecnologías y activismo en línea para promover los derechos humanos y los valores democráticos. Venezuela”, resaltaron en su información oficial.
De igual manera, el informe encontró que el Estado violó el derecho a la libertad de expresión e información a través de diversas acciones, incluida la detención arbitraria de 12 periodistas y civiles durante ejercicios de difusión de información.
También registraron 97 actos de hostigamiento, amenazas y hostigamientos a trabajadores de la prensa; 11 casos de bloqueo de páginas web y redes sociales y 89 casos de abuso contra canales de televisión, medios impresos y emisoras de radio.
El acoso y las sanciones no sólo representan una violación de derechos, sino que también aumentan la tendencia del pueblo venezolano a temer y no expresar sus opiniones en las redes sociales.
218 muertes evitables
El informe “Venezuela en Estadísticas” también revela datos que detallan la terrible situación que padecen los venezolanos en áreas como la salud y la educación.
En el sistema nacional de salud pública, sólo el 10% de los hospitales tendrán plena capacidad operativa para 2022. De manera similar, el informe mostró 218 muertes evitables debido a fallas en equipos médicos y electricidad, así como una escasez de suministros médicos del 69%.
La educación en Venezuela refleja una serie de problemas, desde la falta de autonomía de las instituciones educativas hasta la mala asignación de recursos estatales para el mantenimiento de esta infraestructura.
Un ejemplo de esto es la siguiente cifra: sólo 10 de 71 universidades públicas son autónomas con libertad académica y el 38% de las escuelas tienen problemas de infraestructura por falta de recursos.
Se concluye entonces que la situación de derechos humanos en Venezuela está al rojo vivo, frente a un Estado que sistemáticamente toma acciones que ponen en riesgo la vida y el bienestar de los venezolanos.