El informe de la misión de la ONU indica que la represión del gobierno de Maduro se ha centrado en los disidentes de su gobierno, con más de 2.000 prisioneros tomados después de las elecciones del 28 de julio durante protestas pacíficas.
La Misión Internacional Independiente de Investigación de la ONU presentó este martes 17 de septiembre su informe actualizado sobre la situación en Venezuela en el que advierte que la administración de Nicolás Maduro ha intensificado sus medidas represivas contra todo lo contrario a sus decisiones y acciones.
El informe de la misión señala que estas violaciones y crímenes registrados ante la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad de Persecución Política son “parte de un plan consistente y coordinado para silenciar, desalentar y reprimir a la oposición”.
La presidenta de dicha comisión, Marta Valinas, advirtió que lo visto recientemente en Venezuela forma parte de un patrón ya evidente en otras ocasiones y que son un grave ataque a los derechos fundamentales de los ciudadanos, al denunciar que se trata de un nuevo logro. El último hito (septiembre de 2023 a septiembre de 2024) evaluado en el deterioro del Estado de derecho muestra que la mano de obra del país ya no se considera independiente.
En julio de 2024, se registraron más de 120 detenciones durante actos de campaña de la oposición por motivos de conspiración, así como órdenes de detención emitidas contra otras personas; Durante la primera semana de protestas postelectorales, las mismas autoridades conocieron que se habían producido más de 2.000 detenciones, entre ellas menores y personas con discapacidad, acusadas de terrorismo e incitación al odio.
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“Estas detenciones involucraron y fueron seguidas de graves violaciones al debido proceso, que han alcanzado niveles sin precedentes en el país. Los procesos penales iniciados contra los detenidos han violado sistemáticamente garantías fundamentales del debido proceso”, indicó el texto.
“Este incidente es nuevo y muy preocupante”, dijo la presidenta de la misión, Marta Valinas.
Además, la misión reconoce que el poder judicial, junto con el TSJ, “está claramente subordinado a los intereses del poder ejecutivo y sirve como una herramienta clave en su plan para reprimir toda forma de oposición política y social”, destacando que esta práctica es una violación al debido proceso y un ejercicio arbitrario del poder. La aplicación ya ha sido señalada en otras ocasiones y ahora es clara.
Por su parte, la experta que forma parte de esta misión, Patricia Tapata, señaló que las políticas represivas de Maduro estaban dirigidas a quienes criticaban su gestión o protestaban contra los resultados electorales; Centrándose en aquellos que militan en partidos políticos o que son percibidos como adversarios.
“La intensidad de la represión, los esfuerzos por demostrar resultados mediante el encarcelamiento y los malos tratos y la tortura han creado un clima de miedo generalizado entre la población, disminuyendo aún más el espacio cívico”, afirmó Tapata.
También reconoció que el Gobierno “responde con sarcasmo” a las condenas y acusaciones internacionales y “no parece importarle” que le tachen de “dictador”, pero pese a todo ello “no hay que cansarse. Ni dejar de decir lo que está pasando”. en.”
“Esta situación no debe normalizarse y no debemos exigir justicia ni apoyar a quienes se encuentran dentro del país, como organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos humanos y familiares de víctimas y quienes enfrentan amenazas y riesgos”. La presidenta de la Misión, Marta Valinas, en declaraciones a Caracas Al Dia.
Con información adicional de Caracas Al Dia
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