La ley de regulación de las ONG ha estado en el boletín oficial desde el 3 de diciembre y fue aprobada por el parlamento chavista unos dos meses después. Organizaciones no gubernamentales han advertido de los riesgos que conlleva esta herramienta legal.
Caracas. Estuvo en el armario casi 50 días después de que la Asamblea Nacional (AN) lo aprobara el 15 de agosto, pero Ley anti-ONG Se publicó en el Diario Oficial después de que el instrumento legal entrara oficialmente en vigor.
El boletín fue publicado el 15 de noviembre, un nuevo golpe a la sociedad civil. 18 días de 90 días desaparecen en un instante Dichas ONG debían volver a inscribir sus empresas en el “registro público correspondiente a su domicilio”, según la disposición transitoria primera del artículo 39 de la Ley.
Según Ali Daniels, codirector de la ONG Acceso a la Justicia, esta “práctica” de retrasar o no publicar boletines se ha producido al menos 50 veces en los últimos años.
“De hecho, hay boletines que nunca se publicaron, Como la Gaceta Legal del Presupuesto”, agregó Daniels sobre el caso de la administración chavista.
Leyes anti-ONG, cajón a cajón
La herramienta, denominada Ley para la Supervisión, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), se encuentra amenazada desde mayo pasado, cuando inició el segundo pleno. Luego quedó relegado a otras prioridades del chavismo.
Pero la AN lo aprobó rápidamente en agosto, tras las elecciones del 28 de julio, que Nicolás Maduro ganó con el 51% de los votos, según cálculos oficiales del Consejo Nacional Electoral.
Pese al retraso, se esperaba la aprobación del proyecto ya que el actual ministro del Interior, Diosdado Cabello, lo presentó a principios de 2023. Luego, el Primer Vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) también aseguró que Al menos 62 ONG que operan en el país son “apéndices del imperialismo”. Los que quieren desestabilizar el país.
Sin embargo, la ley ha sido rechazada por la sociedad y funcionarios venezolanos y por organismos internacionales como el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Especialmente porque las disposiciones de la ley anti-ONG dejan en manos de los funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro el poder de suspender e incluso disolver organizaciones no gubernamentales. Una nueva fase de represión en el país que han sido condenados por ONG y los propios partidos políticos de oposición.
Además, la herramienta obligaría a las ONG a entregar gran parte de su información, incluida la de sus financiadores, un extremo que podría amenazar sus operaciones en un país con un grave precedente de persecución de la disidencia.
Riesgos para las instituciones privadas
Si bien la ley señala en su artículo tercero que su propósito es “facilitar el ejercicio del derecho de asociación como derecho humano y expresión del modelo de democracia participativa y protagónica establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”, cierto Las ONG temen que su implementación signifique Riesgos en su trabajo para proteger los derechos humanos En Venezuela.
De igual forma, las ONG están preocupadas por los elevados montos establecidos para las multas por cualquier acto ilícito cumpliendo con la ley, y que se “establecieron en 100 y 1.000 veces la moneda de mayor denominación emitida por el banco”. Venezuela.”
En caso de revisión, continúa la ley, “el monto de la multa será equivalente al bolívar Entre 500 y 10.000 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela”, imagen que representa una pequeña fortuna en el contexto de la crisis económica de Venezuela, de la que las ONG no se salvan.
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