La prostitución a cargo de inmigrantes está invadiendo cada vez más algunos barrios de Nueva York. Para algunos habitantes de las ciudades, las mujeres ya tienen su propio “barrio rojo” (una calle de Ámsterdam conocida por su activa vida nocturna).
Mujeres se paran en la acera para ofrecer sus servicios sexuales. El alcalde Eric Adams advirtió que en las últimas semanas se ha visto a trabajadoras sexuales caminando por las calles, incluso durante el día. Esto ha causado mucha preocupación debido a la alta presencia de niños cuando no están escolarizados.
El demócrata dijo que, según los “detectives” de la ciudad, muchas de las trabajadoras sexuales son venezolanas recién llegadas a Nueva York.
Inmigrantes a Nueva York
Lo que se ha popularizado son algunos de los servicios que ofrecen durante el almuerzo. Según las autoridades neoyorquinas, la crisis es resultado de la mala gestión migratoria impulsada por el presidente estadounidense Joe Biden en los últimos años.
Los estados que se opusieron a su administración enviaron oleadas de inmigrantes a estados como Nueva York. Como resultado, la ciudad se convierte en un atasco y los inmigrantes quedan completamente indefensos y tienen que ganarse la vida lo mejor que pueden.
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“‘Eso es lo que sucede cuando se crea un entorno que la gente no puede mantener por sí sola y tiene que recurrir a actividades ilegales para lograrlo. Cuando hablo del efecto acumulativo de cómo esto afectará a nuestra ciudad, a eso me refiero. “Vamos a crear problemas generacionales a partir del fracaso del gobierno nacional y este es un ejemplo”.Los comentarios del alcalde según informó Semana.
Una de las mayores preocupaciones de las autoridades es que la situación de estas mujeres no está clara. No pueden determinar si venden sus cuerpos voluntariamente o si son víctimas de explotación sexual.
La prostitución es un delito menor de Clase B en Nueva York, punible con hasta tres meses de cárcel y/o una multa de hasta 500 dólares.. Un cliente de una prostituta, por su parte, comete un delito menor clase A, castigado con hasta un año de cárcel y/o una multa de hasta 1.000 dólares.
El año pasado, la ciudad recibió más de 100.000 inmigrantes, lo que generó una crisis logística y de ayuda que las autoridades estiman costará a las arcas públicas alrededor de 5.000 millones de dólares.