Martha Tineo, de Justicia, Encuentro y Perdón, organización que promueve la defensa y documentación de casos de presos políticos y asesinados en protestas, señaló que después del 28 de julio se evidenciaron nuevos patrones represivos, como la prevención de delitos.
Con risas, lágrimas y aplausos, los padres de Adrian* lo saludaron cuando salió de la sala del tribunal el 1 de septiembre. Según cifras difundidas por el Foro Penal, el joven de 17 años forma parte de 86 jóvenes excarcelados.
Adrián* fue detenido mientras caminaba por una calle del pueblo donde vive con sus padres. Nunca formó parte de la protesta. En las primeras horas de su detención, sus padres desconocían su paradero, hasta que le permitieron llamar a las dos de la madrugada.
“Mamá, estoy bien”, dijo primero, pero no pudo revelar su ubicación porque no sabía dónde estaba. Después de esa primera llamada, los padres empezaron a hacer “la ruleta” del pueblo.
Primero estuvo en un destacamento de la Guardia Nacional Bolivariana, luego fue trasladado a un centro de detención para adultos y terminó en el Instituto Nacional del Menor (INAM). La primera noche recibió un trato inadecuado. “Los primeros días fueron abusivos, nos tenían afuera esposados y no nos daban comida”, dijo Adrián*. El “alivio” llegó cuando lo trasladaron al INAM y lo “trataron mejor”, pero el miedo se hizo presente todos los días porque tenía miedo de no salir.
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Esa realidad cambió cuando –sorprendentemente– recibieron una llamada del director del INAM. Indicó que Adrián* estaba en una lista de menores que acudirían a los tribunales y luego serían liberados de prisión.
Una salida con medidas de precaución
Adrián*, al igual que Victoria Morillo, tiene 16 años, Aseguraron que nunca fueron parte de la protesta. Sin embargo, ser parte de ellos no representa un delito, como dijo en entrevista anterior el director de Secodap, Carlos Trapani. corre corre.
Sin embargo, al igual que los 86 niños liberados de prisión, fueron liberados con una serie de medidas cautelares. Adrian* fue acusado de cuatro cargos: terrorismo, incitación al odio, conspiración para delinquir y obstrucción de la vía pública.
La audiencia fue telemática y estuvo a cargo de un juez de menores, indicaron los padres del joven. Tras la denuncia, dejaron instrucciones específicas: prohibición de salir del país, no hacer declaraciones sobre lo sucedido, presentarse cada ocho días, durante 45 días, y seguir estudiando.
“Es una batalla agridulce. Estamos contentos porque el niño está con nosotros, pero cuando pensamos en todas las acusaciones y prohibiciones, pensamos que es injusto”, dijo el padre de Adrian*.
Nuevos patrones supresivos
Martha Tineo, de Justicia, Encuentro y Perdón, organización que promueve la defensa y documentación de casos de presos políticos y asesinados en protestas, señaló que después del 28 de julio se evidenciaron nuevos patrones represivos.
“Hay varios puntos que son nuevos. El primero de ellos es que el Fiscal General ha precalificado la información y no tiene motivos para hacerlo. Cuando se imputa a una persona debe haber una investigación penal previa, pero eso no ha sucedido y aseguró que todos serán imputados. Todas las personas excarceladas han sido imputadas”, puntualizó.
Tinio explicó que todas las detenciones Considerado arbitrario porque lo establece una ley venezolana que no se cumplió Y en el caso de los adolescentes es aún más grave porque se desconoció la presunción de inocencia y sus padres desconocían su paradero en las primeras horas.
El artículo 529 de la Ley Orgánica de Protección a la Niñez y la Adolescencia (LOPNNA) deja claro: “El menor no será procesado ni sancionado por un acto u omisión que, al momento de su comisión, no esté previamente tipificado en el código penal”. “e inequívocamente, como delito grave o falta. Tampoco podrá ser sancionado si su conducta está justificada o no lesiona o pone en peligro algún bien jurídico protegido.”
A esto le sigue el Código Orgánico Procesal Penal (COPP), que establece que una persona puede ser detenida después de cometer o cometer un delito, pero las ONG no tienen evidencia de que se haya detenido a menores en esas circunstancias.
Como reitera el portal Acceso a la Justicia, la constitución de Venezuela, en su artículo 44.1, deja claro: “Ninguna persona podrá ser arrestada o detenida sin orden judicial, a menos que sea capturada”.
“Esas personas no fueron informadas que serían investigadas, ni tenían orden de aprehensión. Algunos fueron desaparecidos forzadamente durante horas, hasta que se les permitió realizar llamadas, y a todos se les privó de la defensa personal, en clara violación a sus derechos”, enfatizó Tinio.
El representante de Encuentro, Justicia y Perdón aclaró que, en términos generales, se excluyó la presunción de inocencia, tal como lo establece Constitución Artículo 49 Inciso 2: “Toda persona se presumirá inocente hasta que se pruebe lo contrario”.
¿Qué sigue para los emancipados?
“Quienes salen de prisión tienen ciertos trámites y luego de cumplirse el régimen de presentación de 45 días, el fiscal del Ministerio Público debe decidir si desestima el caso o los procesa, para pasar a juicio”, informó Tinio. .
Los menores están siendo acusados de terrorismo, uno de los delitos más graves en Venezuela, y conllevan hasta 30 años de prisión. Tinio sostuvo que, según la Ley Orgánica de Protección a la Niñez y la Adolescencia (LOPNNA), los jóvenes no pueden ser condenados por terrorismo.
En el caso de menores de catorce años y más, el plazo no podrá ser inferior a un año ni superior a cinco”, señala el artículo 628 de la LOPNNA.
Tinio expresó que aún falta mucho para ver qué pasará, además recordó que la ley que protege a los adolescentes indica que -según la sentencia- deben ser rehabilitados y rehabilitados en la sociedad.
28 menores están detenidos
Del 29 de agosto al 1 de septiembre, el Foro Penal y de Justicia, Encuentro y Perdón, informó sobre la liberación de grupos de niños en diferentes estados del país.
En total, 86 fueron puestos en libertad, pero 28 personas están privadas de libertad Y se desconoce su estado.
Algunas familias persisten y tratan de resistir lo que significa retener a un hijo, hermano o nieto. Como mencionó en entrevista anterior Carlos Trapani, de Cecodap, responsabilidades como la alimentación, la limpieza, entre otras, recaen en las personas más cercanas y deben ser superadas en la crisis económica que atraviesa el país.
Beatriz*, una mujer de 63 años, se enteró de que su nieto había sido detenido la madrugada del 29 de julio. El joven de 17 años salía del trabajo cuando fue detenido alrededor de las 19:00 horas.
“Me enteré porque una vecina me dijo que se llevaron a mi nieto. No hizo nada, salía del trabajo, lavaba el auto y los vecinos nada podían hacer. “Todo el mundo estaba asustado”, dijo Beatriz*.
La agonía se intensificó al no saber dónde estaba detenido, hasta que le informaron que lo habían trasladado a otra ciudad. “Nos dijeron que lo habían trasladado y fuimos para allá. Después de visitar varios centros nos dijeron que podría ser en el INAM”, señaló.
Jairo*, luego de cumplir varios aislamientos, fue trasladado al INAM, lo dejaron ver a su abuela y a su tía, sus padres se encuentran fuera del país y lo dejaron a cargo de adultos mayores.
“Nos dejaron verlo el sábado y estaba desesperado. Él siente que no lo dejarán ir y le digo que tenga fe, porque es lo único que nos queda”, dijo Beatriz.
Sabe muy poco sobre el estado de su nieto. “No tenemos información sobre su estado.. Sólo nos pidieron que imprimiésemos algunos documentos y los enviáramos al juzgado de Caracas, pero no llegaron el día indicado y no sabemos si se retrasó su salida. “No sabemos nada”, reiteró.
Beatriz espera que el estado anuncie nuevas liberaciones y su nieto esté entre ese grupo. “No perdemos la esperanza en Dios, es lo único que tenemos”, afirmó.
“Como organizaciones dedicadas a proteger los derechos humanos, debemos seguir haciendo ruido. Debemos seguir exigiendo que las autoridades obedezcan la ley, sigan documentando y esperemos que esta reacción y este reciclaje de presos cese. Mientras tanto es seguir condenando dentro y fuera de Venezuela, esperando que no sigan deteniendo a otras personas y que liberen a todos los presos políticos”, concluyó Martha Tinio de Encuentro, Justicia y Perdón.
*Algunos nombres han sido cambiados por la seguridad de los involucrados. Se han eliminado del texto todas las referencias geográficas para proteger la identidad de la fuente.
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