con una espátula
El gobierno de Venezuela, encabezado por Nicolás Maduro, ha adoptado un enfoque de “mano dura” para combatir el crimen organizado. Sin embargo, esta estrategia ha dado lugar a numerosas violaciones de derechos humanos y ejecuciones extrajudiciales, según Mariano de Alba, asesor de International Crisis Group.
Por / con información de Caracas Al Dia
De Alba señaló que las fuerzas de seguridad venezolanas ingresan a ciudades con pocos recursos y matan indiscriminadamente, afectando a personas inocentes. Si bien esta estrategia puede traer beneficios electorales en el corto plazo, en el largo plazo los grupos criminales se reorganizan y evaden la represión estatal.
Por otro lado, en países como Colombia y México, los presidentes Gustavo Petro y Andrés Manuel López Obrador han optado por negociar con grupos del crimen organizado. El objetivo es llegar a acuerdos que detengan la violencia y promuevan el desarme de estas bandas. Sin embargo, De Alba advierte que algunos grupos utilizan estas discusiones para reforzarse y reequiparse.
Frente a estas dos estrategias polarizadas, de Alba propone un tercer modelo que no sacrifica el estado de derecho ni los derechos humanos, pero es efectivo para detener la violencia y el homicidio. Este modelo se basará en un poder judicial independiente, el desarrollo económico y la cooperación internacional.
En este sentido, de Alba destaca la importancia de la cooperación de la Unión Europea, ya que considera que los países consumidores de drogas también son parte del problema. Según él, la coordinación entre países productores y países consumidores es fundamental para combatir el narcotráfico, uno de los principales motores del crimen organizado en América Latina.
En conclusión, el gobierno venezolano ha implementado una estrategia de “mano dura” en la lucha contra el crimen organizado, lo que ha derivado en violaciones a los derechos humanos. Por otro lado, otros países como Colombia y México han optado por la negociación, aunque esta estrategia también presenta desafíos. Dada esta dicotomía, se necesita un tercer modelo que combine el respeto por el estado de derecho y los derechos humanos con la efectividad en la lucha contra el crimen. La cooperación internacional, especialmente con la Unión Europea, se considera crucial en este sentido.
