El gobierno inició un proceso de reestructuración para el 10 de enero. La urgencia de la normalización está en el aire, señaló el equipo de análisis de Alerta Venezuela. Advirtieron que, a nivel interno, quedan “palos” para alimentar desacuerdos
Alerta Venezuela, un grupo internacional de análisis y defensa de los derechos humanos, señala que el presidente Nicolás Maduro aplica un sistema de puertas giratorias en sus relaciones con los organismos internacionales.
“Que Maduro aceptó el regreso a Venezuela de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCNUDH) a pocos días de presentar un informe en el que el Alto Comisionado Turk deberá informar sobre el (in)cumplimiento por parte del país de las recomendaciones de la ONU sistema de derechos humanos, no parece ser una coincidencia”, indicó la empresa en un análisis publicado el 5 de diciembre.
Así, Alerta Venezuela destacó que dicha situación y la aceptación de una misión técnica de la Corte Penal Internacional (CPI), “además de la organización de una reunión entre altos funcionarios de la administración de Gustavo en las Islas del Rosario de Colombia, Petro y el ministro de Defensa de Venezuela, general Vladimir Padrino López, y desesperados por los planteamientos de la nueva administración estadounidense son elementos que apuntan a la normalización a través de la internacionalización de puertas giratorias, a través de la cual “Maduro permite o bloquea el paso de organismos internacionales y gobiernos a su conveniencia”.
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Desde Alerta Venezuela enfatizaron que “el 10 de enero podría venir como una bofetada si el gobierno y los organismos internacionales se dejan atrapar en la retórica de la normalización. Bueno, Maduro hará lo que sea necesario para mantenerse en el poder, incluso jugar a la puerta giratoria.
En este sentido, advirtieron que “El robo de elecciones presidenciales continúa y no se puede normalizar. La ilusión de normalización vendida en el exterior contrasta con el garrote que se mantiene en casa, como ocurrió en la última semana de noviembre con la aprobación de la ley orgánica del Libertador Simón Bolívar contra el bloqueo imperialista y en defensa de Venezuela. Pena de prisión de hasta 30 años e inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos de hasta 60 años contra quienes manifiesten su apoyo a medidas coercitivas unilaterales, sin distinción entre sanciones individuales y generales.
El análisis también indicó que la citada ley fue aprobada expresamente por la Asamblea Nacional (AN) en 2020, “como suele ocurrir con instrumentos de este tipo, conlleva los mismos conceptos amplios, vagos e inciertos de otras leyes”. Su objetivo es limitar el espacio civil, limitar la libre expresión y reprimir cualquier disidencia.
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