El presidente Nicolás Maduro ha incumplido un acuerdo que firmó con la oposición el año pasado para celebrar elecciones libres y justas este año y ha intensificado la persecución de sus críticos y oponentes políticos. La administración Biden, que levantó algunas sanciones a cambio de las promesas de Maduro, ahora enfrenta presiones para volver a imponerlas.
Según un editorial del diario estadounidense The Washington Post, el acuerdo electoral alcanzado en Barbados en octubre de 2023 estableció que Maduro garantizaría a todos los candidatos de la oposición libertad de movimiento y reunión, así como igualdad de acceso a los medios de comunicación. Sin embargo, Maduro ha actuado como si el acuerdo nunca hubiera existido y prohibió postularse a varios líderes de la oposición, incluida María Corina Machado, quien ganó las primarias para encabezar la coalición Plataforma Unitaria.
El Departamento de Estado de Estados Unidos alegó que el proceso judicial contra Machado fue una farsa y que no se le dio copia de los cargos en su contra ni oportunidad de responder a ellos. El secretario de Estado, Antony Blinken, exigió el 18 de octubre que Maduro defina un plazo y un proceso para la rápida reinstalación de todos los candidatos. Blinken pidió a Venezuela que libere a todos los ciudadanos estadounidenses y presos políticos venezolanos detenidos injustamente.
En lugar de satisfacer las demandas internacionales, Maduro ha intensificado la represión. El arresto de la activista de derechos humanos y crítica del gobierno Rocío San Miguel es un claro ejemplo de la creciente ola de persecución. Se han presentado cargos de conspiración y traición contra él y otros sin pruebas concretas, lo que revela un patrón concertado para silenciar a los críticos y supuestos opositores, según una misión independiente de investigación de la ONU en Venezuela.
La situación ha llevado a más de 200 organizaciones de la sociedad civil venezolana a condenar la detención arbitraria y desaparición forzada de San Miguel y exigir su liberación. La orden de Venezuela de suspender las actividades de la oficina local de derechos humanos de la ONU y expulsar a su personal refleja el rechazo del gobierno a la supervisión internacional. Maduro, lejos de cumplir con su discurso televisado sobre las esperanzas de salvar el acuerdo de Barbados, ha dejado claro que no permitirá una competencia genuina en las elecciones de este año, que presentan un desafío a la democracia en el país.
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