Este jueves 16 de enero familiares de presos políticos denunciaron que estaban siendo amenazados por funcionarios estatales por denunciar irregularidades en el caso. “Es muy difícil ser preso político en un país donde se criminaliza la pobreza”, afirma Diego Casanova.
Hay más de 100 presos políticos al interior de los penales de Tocorón, Toquito y El Helicoidal que necesitan tratamiento urgente, informaron sus familiares el jueves 16 de enero.
Deploraron que las instituciones estatales que visitaron ignoraran sus súplicas de ser atendidos por trabajadores de la salud.
Uno de ellos es Carlos Canciller, exalcalde del municipio Cifontes en el estado Bolívar, quien se encuentra detenido desde el 7 de agosto cuando fue detenido por organismos de seguridad en el estado Anzotegui y trasladado a la sede del Sebin en El Helicoide, Caracas.
El líder de La Causa R, de 67 años, padece varias dolencias que se han agravado en cautiverio, entre ellas: hipertensión cardíaca, diabetes tipo II y un problema de retina que obstruye su visión.
Diego Casanova, miembro del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, explicó que este jueves acudieron a la sede de la Fiscalía de Parque Carabobo, en Caracas, por sexta vez, para solicitar una investigación completa de los casos de sus familiares. Detenido en condiciones inhumanas en espera de juicio, sin condena.
“Solicitamos la liberación total e incondicional de nuestros familiares. Hemos presentado nuevamente documentos exigiendo al Ministerio Público que revise los casos de cada uno de nuestros familiares que son inocentes”, reveló.
Casanova dijo que no sólo son víctimas de demoras judiciales y procesales, que han mantenido a sus familiares en centros de detención durante más de 6 meses con presos comunes por más de 45 días como ordena el Código Penal, sino también Se les amenaza con acusaciones de irregularidades.
“El gobierno nacional no responde a las solicitudes. Al contrario, si hablamos, nos intimidan y acosan. Es muy difícil ser un preso político en un país así. No somos una familia de apellido, somos pobres, de barrio, víctimas de un sistema que criminaliza ser pobre”, afirmó.
Agregó que a los familiares de los presos políticos les dicen que, si siguen denunciando, “serán más crueles”.
Ante decenas de familiares de presos políticos en el lugar, exigió al fiscal general, Tarek William Saab, que proporcione información “precisa y veraz” sobre todos los encarcelados en las últimas semanas. No saben cómo están, dónde están ni cuál es la situación.
Por su parte, Hiovanka Ávila, familiar de Henribert Rivas, detalló las enfermedades carcelarias de los presos políticos detenidos en el caso “Drone”, siendo algunas de estas patologías alergias en la piel, diarrea crónica y otras dolencias estomacales. Higiene celular.
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Describió que no sólo fueron objeto de faltas de respeto al debido proceso y violación de las leyes judiciales por parte de los organismos judiciales, sino que también fueron encarcelados en lugares deplorables. Dijo que una de las cosas que causa enfermedades entre los presos es que viven en celdas pequeñas y hacinadas, comen en el mismo lugar, deben orinar y defecar.
“Estamos agradecidos a las ocho agencias de la ONU que han expuesto estas condiciones, que continúan deteriorándose. “Realmente no hay respuesta”, dijo sobre el reciente documento de 37 páginas, que fue preparado por ocho agencias de las Naciones Unidas (ONU), incluido el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, Desapariciones Forzadas o Involuntarias y seis Grupos de Trabajo. Relator Especial sobre Detención Arbitraria en Venezuela a partir de 2023.
Aseguró que hay 19 presos cuyo estado de salud se desconoce, debido a que presuntamente fueron golpeados hace una semana, por tal motivo no les han permitido verlos o las autoridades venezolanas no han dado información sobre estas personas.
Según estadísticas del Comité para la Libertad de los Presos Políticos, unas 1.700 personas han sido detenidas desde 2014 por motivos políticos, incluidas más de 1.400 desde las protestas que siguieron a las últimas elecciones presidenciales, que, según los defensores de los derechos humanos, provocaron una ola de represión donde se registran más de 2.200 casos de detención arbitraria.
Entre ese número se encuentran adolescentes, mujeres, estudiantes y profesionales, que son inocentes como dicen y la mayoría de ellos son víctimas de casos falsos sin pruebas ni juicio justo, donde tienen derecho a ser presumidos inocentes. son vulnerados e impedidos de su defensa personal.
*Venezuela opera en un ambiente hostil para la prensa con decenas de instrumentos legales para castigar la palabra periodismo, en particular leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido se publica teniendo en cuenta las amenazas y restricciones impuestas a la difusión de información dentro del país.
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