La situación de los presos políticos en Venezuela ha sido motivo de preocupación a nivel nacional e internacional.
Se han documentado numerosos casos de presos políticos que enfrentan condiciones inhumanas en las cárceles venezolanas, incluidos años de tortura, detención prolongada sin juicio y falta de acceso adecuado a atención médica.
En muchos de estos casos son evidentes violaciones del debido proceso y la ausencia de un juicio justo. De manera similar, la falta de independencia del poder judicial, los ministerios públicos y la Defensoría del Pueblo ha contribuido a la perpetuación de la detención arbitraria.
Manipular los tribunales para perseguir a los opositores políticos también socava la confianza en el sistema legal y socava los principios democráticos. Mientras tanto, la detención arbitraria de líderes y activistas de la oposición ha aumentado a lo largo de los años, lo que indica un patrón preocupante de represión política que socava el derecho de los ciudadanos a la participación.
En diciembre de 2023, el gobierno ordenó la liberación de 28 presos políticos, 10 estadounidenses y 18 venezolanos, como parte de un “intercambio humanitario” por la liberación de Alex Sabre, un empresario colombiano vinculado a funcionarios del gobierno de Maduro.
Entre los liberados se encontraban los estadounidenses Luke Alexander Denman y Iron Berry, que cumplían condenas de 20 años en 2020 por presunta infiltración armada en Venezuela.
También en Saboya estuvo Jadon Wright, acusado de ser parte de un complot para manipular el referéndum de Venezuela en una disputa territorial con Guyana. Entre los venezolanos liberados se encontraba un grupo de sindicalistas que fueron detenidos en julio de 2022 en medio de protestas por un aumento salarial y que fueron condenados a 16 años de prisión por “conspiración y complicidad en la comisión de un delito”.
También quedó en libertad Roberto Abdul, miembro de la ONG Sumet, que organizó las primarias de la oposición, y que posteriormente fue acusado de “traición y conspiración con potencias extranjeras”.
Según una investigación de Estudio Cocuyo con estadísticas del Foro Penal, para los liberados por el caso de espionaje estadounidense, tienen alternativas a la libertad y deben presentarse ante los tribunales cada 15 días.
A estos presos políticos se les dijo inicialmente que serían liberados de prisión mediante un indulto presidencial, pero el boleto de liberación decía lo contrario. Por tanto, no se trata de libertades plenas.
Mientras tanto, entre los 103 militares presos políticos detenidos por disentir con el gobierno venezolano o simplemente sospechosos de traición o sospecha, uno es de la marina, uno de la milicia, 9 de la fuerza aérea, 32 del ejército, según datos publicados en Infobe. 60 al Ejército y Guardia Nacional.
Por su parte, el general de brigada retirado de la aviación Eduardo Caldera, quien creó una lista denominada “No los olvidamos”, señaló que el 42% de los 103 están procesados, con penas que van de los 5 a los 30 años. Prisión.
Ahora, a pesar de que todos los venezolanos estamos abrumados por el hecho de que 28 presos políticos han regresado para abrazar a sus familias, todavía hay más de 250 personas inocentes tras las rejas. Es por eso que desde el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) hacemos un llamado al gobierno venezolano para que libere de inmediato y sin restricciones a todos los presos políticos que no hayan sido condenados en un juicio justo y transparente.
De manera similar, es esencial que se garantice el respeto del debido proceso, incluido el derecho a la defensa, la presunción de inocencia y el acceso a un juicio justo para todos los presos.
También es importante implementar medidas para fortalecer la independencia del poder judicial y garantizar que los jueces actúen sin influencia política indebida, así como aumentar la cooperación con organizaciones internacionales de derechos humanos para garantizar una supervisión independiente de la situación de los presos políticos en Venezuela.
En conclusión, esta situación es alarmante y requiere atención inmediata a nivel nacional e internacional. La comunidad internacional debe presionar al gobierno venezolano para que respete los derechos humanos, el estado de derecho y la democracia, a fin de restaurar la estabilidad y la confianza en las instituciones del país.
Prensa del Observatorio Penitenciario Venezolano