con una espátula
Las políticas represivas que buscan silenciar la disidencia e imponer el control social siguen en plena vigencia en Venezuela y representan un peligro constante y evidente para el espacio civil del país, afirmó Amnistía Internacional, bajo el ataque de altos representantes del gobierno y el poder. Proceso judicial dirigido contra el proceso de elecciones primarias de partidos políticos de oposición celebrado el 22 de octubre de 2023.
Por: Amnistía Internacional
“Las recientes medidas y resultados del proceso anunciados contra la Comisión Nacional de Primarias, sus representantes son una muestra más de las políticas represivas del gobierno venezolano que buscan obstaculizar la libertad de quienes desean ejercer su derecho a participar en los asuntos públicos. contrato Derechos humanos internacionales. Durante años, el gobierno venezolano ha asfixiado a la sociedad civil estigmatizando, acosando y criminalizando a los ciudadanos y a aquellos percibidos como críticos del gobierno. Las medidas adoptadas por los ministerios públicos, combinadas con las declaraciones de las autoridades estatales, generan preocupación sobre posibles detenciones arbitrarias que han sido ampliamente denunciadas. Esta política de represión no es nueva y la comunidad internacional no debe renunciar a proteger los derechos humanos en Venezuela”, afirmó Anna Picker, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
“No se debe olvidar que tanto la Fiscalía de la Corte Penal Internacional como la Misión Internacional e Independiente de Investigación de las Naciones Unidas han concluido que hay razones para creer que el gobierno de Nicolás Maduro ha cometido crímenes de lesa humanidad. Un nuevo Escalada de crímenes bajo el derecho internacional y otras violaciones graves de derechos humanos en Venezuela. El escrutinio y la justicia internacional son más necesarios que nunca para evitar esto, especialmente en un período electoral que recién comienza.”
El 12 de septiembre, Amnistía Internacional presentó un informe al Comité de Derechos Humanos de la ONU en el que advertía que “organismos venezolanos de derechos humanos han advertido que la represión del derecho a la libertad de expresión ha estado directamente vinculada con el auge del derecho a la libertad de expresión”. , asociación y protesta pacífica-períodos electorales y postelectorales, particularmente el proceso de impeachment político”. Utilizándolo para impedir que aquellos considerados por las autoridades como opositores políticos se presenten a cargos de elección popular.
En ese informe, Amnistía Internacional instó al Estado venezolano a:
(1) eliminar todas las barreras legales y prácticas para garantizar la participación política efectiva de todas las personas sin discriminación por motivos de opinión política;
(2) abstenerse de utilizar la inhabilitación administrativa de manera discriminatoria contra candidatos a cargos electos; Y
(3) Cese en el uso de medidas de persecución y/o criminalización contra quienes sean considerados opositores políticos cuyo propósito sea participar en los asuntos públicos del país.
Las declaraciones y medidas anunciadas desde el 22 de octubre violan abiertamente todas estas recomendaciones, que Amnistía Internacional reitera.