Caracas Al Dia
La Defensoría del Pueblo dijo este martes que no se había llegado a un “diálogo” para resolver el conflicto por la sede privada del Consejo Permanente de Derechos Humanos (Apdhb) de Bolivia, luego de que un activista español de 84 años se instalara en la azotea. La empresa pasó más de una semana tratando de restaurar la propiedad.
El Defensor del Pueblo, Pedro Calisaya, indicó que desde el 2 de junio esa instancia ha realizado 40 gestiones “para implementar una solución” a esta situación, entre las que se encuentran revisiones médicas, requerimientos de informes, restablecimiento de los servicios básicos.
Entre las últimas gestiones del defensor se encuentra un pedido de informe del juez que dictó sentencia a favor de la presidenta de la Apdhb, Amparo Carvajal, así como una “resolución exigiendo atención a las recomendaciones para proteger la salud y la vida de las partes”.
El trabajador realizaba un velatorio en la puerta trasera del edificio de la APDHB en La Paz desde el 2 de junio y la semana pasada decidió subirse a la azotea del lugar para recuperar el inmueble ocupado por el mismo tipo hace más de un mes. Grupo cercano al gobierno de Louis Arce.
El conflicto es entre la facción de Carvajal y Edgar Salazar, un activista boliviano que se destaca por su afinidad con el oficialismo, quien asegura que tiene los derechos de propiedad y representación legal de la institución, pues fue electo en diciembre de 2021, elección desconocida por el sector de apoyo español.
La presidencia de Apdhb, organización no gubernamental fundada en 1976, y su sede están enfrentadas entre Carvajal, quien la dirige desde 2016, y Salazar.
El defensor sostuvo que no fue posible establecer una “conversación” entre las dos partes porque “aparentemente la posesión de la propiedad es de mayor interés que la vida y la salud humana” y aseveró que la priorización de la propiedad por parte de la Apdhb fue una actitud. Que “no se puede hacer natural”.
Calisaya pidió a las instituciones estatales “garantizar la salud de Amparo Carvajal por ser una persona mayor y defensora de los derechos humanos”.
Además, señaló que se envió un memorando a un juez de La Paz para que “ordene la ejecución de la sentencia que dictó la semana pasada” para proteger los derechos humanos del activista español.
La trabajadora se quejó de que no tenía acceso a servicios básicos como ir al baño y en varias ocasiones los médicos intentaron examinarla pero ella se negó, según la defensora.
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