La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) emitió una alerta de situación humanitaria debido al conflicto armado en el noreste de Colombia. Señaló que se denunciaron ataques contra civiles, incluidos firmantes de la paz y líderes comunitarios, y también hubo incidentes de desapariciones, secuestros, asesinatos selectivos, ataques, ocupación de viviendas civiles y restricciones al paso de misiones médicas.
La violencia entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las ex Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), grupo disidente, ha desplazado a más de 18.000 personas en la región colombiana del Catatumbo, según cifras proporcionadas por la Oficina de Coordinación de la ONU. de Asuntos Humanitarios (OCAH).
El pasado lunes 20 de enero, OCHA emitió una alerta de situación humanitaria. El documento indicó que “desde el 16 de enero, al menos 18.359 personas se han trasladado desde los municipios de San Calixto, Hakari, Teorama y Tibú (en el Catatumbo) hacia los municipios de Ocaña, Cúcuta, Tibú y Hakari, instalándose en albergues temporales y hoteles.
Según la organización, son alrededor de 1.000 los colombianos que han viajado a Venezuela en busca de protección internacional. Advirtió sobre un posible retorno de la población venezolana, “lo que representa un alto riesgo”.
OCHA señaló que se informaron ataques contra civiles, incluidos firmantes de la paz y líderes comunitarios. También se enumeran incidentes de desapariciones, secuestros, asesinatos selectivos, ataques, ocupación de viviendas civiles y restricciones al paso de misiones médicas.
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Según el texto, unas 80 personas han muerto y más de 20 han resultado heridas en los enfrentamientos, aunque las autoridades aún no han entrado en todas las zonas donde se produjeron los combates.
Debido a esto, el presidente colombiano Gustavo Petro declaró el estado de malestar interno y emergencia económica.
El Presidente puede decretar el estado de perturbación interna, según el artículo 213 de la Constitución, “en caso de alteración grave del orden público que suponga una amenaza inmediata a la estabilidad institucional, la seguridad del Estado o la armonía civil y no pueda evitarse mediante la ejercicio de las facultades generales de la autoridad policial.”
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