La “Revolución Bolivariana” ha gobernado Venezuela durante 25 años. Lo que comenzó con la oferta de Hugo Chávez de “hasta 2021” cuando la Constitución aún no lo permitía, acabó siendo transformado por su sucesor Nicolás Maduro en “2000 para siempre”. Estos ocho hitos contribuyen a esta historia.
Nicolás Maduro ha confirmado que asumirá el cargo el 10 de enero en medio de dudas sobre la transparencia de las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela.
El presidente repitió en múltiples ocasiones durante su discurso que nunca entregaría el “palo” a los “oligarcas” o a quienes considera “oligarcas” de aliados de Estados Unidos.
Anteriormente, el expresidente Hugo Chávez dijo que la llamada “revolución” duraría hasta 2021. Ahora los propios funcionarios estatales (entre ellos Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)) han imaginado el “socialismo” al frente de la administración durante décadas.
Pero, ¿cómo se diseñó el sistema en el que la revolución bolivariana, encabezada primero por Hugo Chávez y luego por Maduro, movió los hilos para perpetuar su ideología? Aquí están los hitos del “socialismo del siglo XXI”.
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Asamblea Constituyente, un año más de revolución
Para contar esta historia tenemos que remontarnos a 1998, cuando Hugo Chávez fue elegido presidente de Venezuela en lo que muchos describieron como “desilusión ciudadana con los partidos tradicionales”. Un año después, en un referéndum, la población aprobó una nueva constitución que sustituyó a la de 1961, a la que Chávez llamó “la moribunda”, y que convirtió al país en la República Bolivariana de Venezuela.
La nueva constitución fue aprobada en referéndum 15 de diciembre de 1999Con un 80% de votos a favor, ampliar el mandato presidencial de cinco a seis años, permitir que los funcionarios públicos electos, incluido el presidente, sean revocados mediante referéndum de mandato, y Permitir la reelección inmediata para la primera magistratura.
En julio de 2000 se celebraron las primeras elecciones presidenciales conforme a la nueva constitución y en el proceso Chávez fue reelegido como presidente.
Abril de 2002: huelgas revolucionarias
En 2002, concretamente el 11 de abril, el alto mando militar anunció que Hugo Chávez renunciaba a la presidencia, convirtiendo a Pedro Carmona Estanga, entonces presidente del grupo empresarial Fedecámaras, en ejecutivo y disolviendo el poder del Estado. Así, perdió el apoyo militar y el golpe fracasó. El 13 de abril Chávez regresó al poder.
En 2004, Chávez ganó el primer y único referéndum revocatorio en Venezuela, lo que le permitió cumplir los dos años y medio restantes de su mandato. Un año después empezó a apretar la tuerca, primero en los medios: se aprobaron normas que fijaban fuertes multas e incluso penas de cárcel por difamación a personajes públicos.
Revolución “Hasta 2021”
El segundo mandato presidencial de Chávez fue aquel en el que más se allanó el camino hacia la perpetuación de sus ideales, pero también con su personalidad como jefe de la administración pública. Fue reelegido en diciembre de 2006. Un mes después y tras asumir el poder, anunció la nacionalización de empresas de energía y telecomunicaciones.
En mayo de ese año negó la renovación de la licencia de transmisión del canal de televisión RCTV, criticando su gestión. Esto provocó protestas generalizadas y una fuerte condena internacional. Los expertos describieron la medida como un intento de imponer una verdad absoluta. La señal fue reemplazada por un canal estatal.
Victoria “pírrica”
En diciembre de 2007 se celebró un nuevo referéndum en Venezuela. Chávez perdió: su propuesta era enmendar 69 artículos de la Carta Magna de 1999, que incluía establecer el país como un estado socialista y permitir la reelección indefinida del presidente de la república.
Menos de dos años después, en febrero de 2009, presentó a un referéndum una enmienda constitucional que autorizaba la reelección indefinida del presidente, pero también de los gobernadores estatales, los alcaldes y los parlamentarios. La moción fue aprobada. Paralelamente, muchas de las propuestas rechazadas en las reformas de 2007 fueron impuestas por decreto presidencial.
Mientras tanto, la censura ha avanzado a través de medidas administrativas. En agosto de 2009 se produjo el primer apagón masivo de emisoras de radio, cuando 34 emisoras fueron sacadas del aire por orden de Connetel, encabezada por Diosdado Cabello. El método se volvería común en años posteriores.
En 2012, el Estado, a través de Conatel, obligó al canal de noticias Globovisión a pagar una multa de 2,1 millones de dólares para evitar la confiscación de sus equipos. El regulador multó al canal por su cobertura de los disturbios carcelarios, lo que generó temores entre los medios tradicionales.
pasar el testigo
Fue en octubre de 2012 cuando Chávez ganó su cuarto mandato en el poder. Dos meses después anunció que regresaba a Cuba para continuar su tratamiento contra el cáncer e instó al país a expulsar a Nicolás Maduro “si pasa algo”.
El 5 de marzo de 2013, el gobierno venezolano anunció que el presidente Hugo Chávez había muerto a la edad de 58 años. En abril se celebraron nuevas elecciones en las que Nicolás Maduro ganó por estrecho margen. El opositor Henrik Capriles Radonski y los líderes de la oposición han cuestionado los resultados.
Después de que Maduro llegó al poder, la represión contra la oposición se intensificó. En febrero de 2014, el líder opositor Leopoldo López, acusado por el gobierno de actos de violencia, se entregó a las autoridades. Al menos 28 personas murieron en las protestas.
En diciembre del mismo año, la fiscalía encabezada por Luisa Ortega Díaz acusó formalmente a la líder opositora María Corina Machado de conspiración para asesinar al presidente Maduro. Luego, en febrero de 2015, el entonces alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, fue acusado de planear un golpe de Estado con el apoyo de Estados Unidos.
El Parlamento Nacional ante la humillación
En diciembre de 2015, la oposición vio la luz. La coalición de Unidad Democrática ganó dos tercios de la Asamblea Nacional, poniendo fin al control del parlamento por parte del Partido Socialista durante 16 años.
La Corte Suprema de Justicia -prochavismo- anuló las elecciones de tres diputados opositores por denuncias de irregularidades electorales, rompiendo la mayoría calificada opositora. El Parlamento los juramenta porque ya fueron reconocidos por el Consejo Nacional Electoral.
Así, una semana después del inicio de la legislatura, en enero de 2016, el TSJ declaró a la Asamblea Nacional “en desacato” y por tanto anuló y dejó sin efecto todas sus decisiones anteriores y posteriores.
En septiembre de 2016 estallaron protestas en Caracas exigiendo la renuncia de Maduro y se canceló un nuevo referéndum, que los tribunales regionales bloquearon.
En abril de 2017, la Corte Suprema finalmente emitió un fallo anulando el proceso legislativo y anulando las funciones de la Asamblea Nacional. Esto desató una ola de protestas que resultaron en más de 90 muertes en los disturbios.
Desde la capacidad ejecutiva, Maduro convocó a una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Carta Magna, instalada en agosto de ese año. Este organismo permaneció en vigor durante tres años, asumió el poder legislativo y no elaboró una nueva constitución.
Desconfianza y desconfianza hacia los árbitros
El 20 de mayo de 2018 se convocaron nuevamente elecciones presidenciales en Venezuela, luego de que la empresa propietaria de las máquinas de votación, Smartmatic, informara en 2017 que el CNE había inflado un millón de votos durante las elecciones constitucionales de 2017.
Exigiendo estatus electoral, la oposición se abstuvo de presentar candidatos e ignoró el evento. Maduro reclamó la victoria con el 68% de los votos. En enero de 2019, Maduro asumió para su segundo mandato, enfrentando la dualidad institucional de la “presidencia interina” de Juan Guaidó.
En diciembre de 2020, el chavismo ganó cómodamente unas elecciones parlamentarias que intentaron ser boicoteadas por los principales partidos y dirigentes de la oposición, que no participaron y se abstuvieron en gran medida. El parlamento resultante, controlado por el partido gobernante, promulgó leyes para establecer reglas contra la sociedad civil, contra los partidos políticos y limitar la participación de los disidentes en el juego político.
En 2021 se celebraron elecciones regionales y municipales, con la participación dividida de la oposición.
28J
En estas elecciones presidenciales de 2024, el gobierno de Nicolás Maduro activó una nueva ola de represión antes del proceso electoral del 28 de julio al arrestar a líderes y activistas de la oposición. Se aprobó la inhabilitación política de María Corina Machado y se bloqueó la candidatura de la profesora Corina Ioris, que quería reemplazarla. A último momento, Edmundo González Urrutia fue autorizado a registrarse en la Mesa de la Unidad Democrática, luego como un cierto “candidato encubierto”.
Los resultados proporcionados por el CNE, que identificó a Maduro como ganador con sólo seis millones de votos, se caracterizaron por un hecho inédito: el organismo electoral nunca presentó los resultados aislados y los atribuyó a un hackeo masivo que lo dejó fuera de servicio en el CNE. página oficial. Además, el documento de declaración fue entregado a Maduro con sólo el 80% de los votos escrutados, el 100% del total no fue declarado y no se publicó el boletín electoral que exige la ley.
La oposición condenó el fraude y hubo protestas callejeras, especialmente en el sector popular. Después de casi una semana de protestas callejeras en varios estados del país, que se saldaron con la muerte de casi veinte personas, el gobierno anunció que había arrestado a más de dos mil personas. Entre los presos se encontraban cientos de adolescentes y menores, cuyos familiares y otros presos denunciaron torturas y malos tratos. El gobierno acusó a los detenidos de terrorismo e incitación al odio. Una docena de periodistas también fueron objeto de detenciones arbitrarias.
Faltando poco más de un mes para el 10 de enero, fecha fijada para la toma de posesión del presidente, la Asamblea Nacional del Libertador Simón Bolívar aprobó la Ley Orgánica que impone 60 años de inhabilitación política y penas de prisión punibles contra los partidarios del “embargo extranjero”. “. Hasta 30 años. Sus artículos abren la puerta al castigo contra cualquier persona que se presuma apoya acciones contra las autoridades.
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