Tras la promulgación de la ley anti-ONG en el Diario Oficial, las organizaciones de la sociedad civil creen que les resultará más difícil operar legalmente en el país. Ante este escenario, temen que la persecución se intensifique.
Caracas. Preocupaciones entre miembros de organizaciones de la sociedad civil residentes en Venezuela Esto se desprende del boletín de la ley anti-ONG. Si bien declinaron ser entrevistados o revelar sus próximos pasos. Sin embargo, algunos coinciden en que seguirán trabajando por el pueblo a pesar de los obstáculos.
Con la promulgación de leyes relativas a la supervisión, regularización, funcionamiento y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y de las organizaciones sociales sin fines de lucro, según se especifica Los activistas lo calificaron de “invasión” del espacio cívico. y el derecho de asociación en Venezuela.
El texto legal prohíbe a las organizaciones aceptar donaciones financieras de organizaciones políticas y promover “el fascismo, la intolerancia o el odio”. Además, ordena la suspensión y disolución de ONG en Venezuela si no aceptan las medidas legales que proponen aplicar.
Esto obliga a las ONG a entregar gran parte de su información, incluido quiénes son sus financiadores, algo que podría amenazar la viabilidad de las organizaciones, especialmente en un país con una historia de represión.
Para quienes dirigen algunas de estas asociaciones, la aprobación resultará en que muchas ONG intentarán cumplir con los requisitos de la norma, mientras que otras serán rechazadas o decidirán desaparecer, y muchas mantendrán su trabajo y cambiarán para adaptarse.
barreras adicionales
Para Carlos Correa, director ejecutivo de la ONG Espacio Público, la criminalización contra las organizaciones de la sociedad civil está obsoleta y este instrumento legal refuerza las barreras ya existentes para el desempeño de su trabajo y su desarrollo jurídico.
Correa asevera que esta ley añade más pasos y requisitos a la dificultad. La ley elude el derecho de asociación consagrado en la Constitución de Venezuela y los tratados internacionales.
El activista cree que muchas organizaciones intentarán cumplir con los requisitos después de que se promulgue la ley anti-ONG. Algunas organizaciones lograrán adaptarse, mientras que otras intentarán reinventarse para no desaparecer.
“Tal vez Una ONG grande tiene la fuerza para cumplir con los requisitos, Pero hay asociaciones de facto que no tienen personalidad jurídica. Son organizaciones sin personalidad jurídica propia y esta ley crea imprecisiones genéricas y prohibiciones muy estrictas”, explicó.
También agregó que la doctrina no toma en cuenta la amplitud y diversidad del derecho a la libre asociación en los países. Muchas organizaciones optan por operar en la realidad y depender de otras organizaciones relacionadas.
Además, la aplicación de la ley “impide, perturba, perturba o dificulta” la financiación de muchas organizaciones que sobreviven con fondos recibidos a través de concursos y programas internacionales.
“Quienes crean estas organizaciones, Algunos dicen 'Estoy tirando la toalla', otros intentan apuntarse, Otros no lo van a lograr porque es un argumento arbitrario y otros dirán que quieren seguir trabajando, eso es lo que tenemos que hacer”, afirmó Correa.
miedo
“Tenemos miedo. Podríamos quedarnos sin trabajo y, peor aún, mucha gente podría quedarse sin ayuda”, afirmó. Crónica. Uno Un trabajador de una ONG humanitaria que prefiere permanecer en el anonimato.
Aseguró que el clima es de miedo entre las organizaciones y personas que trabajan dentro de estas ONG. No sólo porque pueden estar desempleados, sino porque pueden estar bajo Medidas como redadas o inspecciones policiales.
Esta fuente aseguró que incluso antes de promulgarse la ley, se ven obstaculizados para estar al día con los requisitos legales requeridos para su administración. Pero admitió que el anuncio exacerbó la situación.
“Seguimos trabajando, pero no sé cómo ni por cuánto tiempo y no sé si nos permitirán seguir ayudando a la gente”, afirmó.
Lea también:
La ley anti-ONG aparece en el boletín oficial, lo que supone un nuevo golpe a la sociedad civil