Una coalición de organizaciones de derechos humanos, incluida Amnistía Internacional (AI), pidió el lunes al gobierno canadiense que deje de deportar de inmediato a inmigrantes que no hayan sido acusados de ningún delito.
La coalición señaló en una carta al primer ministro, Justin Trudeau, al ministro de Seguridad Pública, Marco Mendicino, y al ministro de Inmigración, Sean Fraser, que Canadá envía a cientos de inmigrantes a prisiones de máxima seguridad solo porque temen que no lo harán. Continuar con el proceso de inmigración y refugio mientras se decide su caso.
Desde 2000, al menos 17 personas han muerto mientras estaban detenidas por las autoridades de inmigración canadienses, incluida Lucía Vega Jiménez, una ciudadana mexicana de 42 años que se suicidó en 2013 mientras estaba detenida en espera de su deportación, y Francisco Romero. Astorga, 39 – Viejo chileno que murió de sobredosis en un penal.
Las organizaciones de derechos humanos enfatizan que muchos inmigrantes detenidos son enviados a prisiones provinciales de máxima seguridad y recluidos en régimen de aislamiento “indefinidamente” porque Canadá no ha legislado una duración máxima de la detención de inmigrantes.
“La evidencia de la investigación médica es clara: la detención de inmigrantes puede causar daños graves, especialmente cuando la detención es prolongada e indefinida”, agrega la carta de Trudeau.
La situación es tan grave que ocho de las 10 provincias del país han decidido cancelar sus acuerdos con la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (CBSA) para que, a partir de julio, los inmigrantes no sean enviados a la cárcel simplemente por la inmigración.
La ministra de seguridad pública de Alberta anunció su apoyo a la terminación del contrato con la CBSA porque “las personas que vienen a Canadá para comenzar una nueva vida y se decide su caso merecen más que una celda en la cárcel”.
Desde que llegó al poder en 2015, Trudeau prometió acabar con la detención indefinida y las prisiones de inmigrantes, algo que no ha sucedido ocho años después.