El reglamento prevé una pena de prisión de 12 años para quienes realicen o propaguen acciones vinculadas al fascismo. Los expertos advierten de las deficiencias de sus ideas. Temen que sea una nueva herramienta para censurar y castigar la disidencia
La ley antifascismo impulsada por el gobierno de Nicolás Maduro y que está a punto de ser aprobada por el parlamento es una ley “criminal” que podría usarse para censurar y sancionar la disidencia política, según expertos en derechos humanos.
Esta semana, la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, recibió el proyecto de ley contra el fascismo de manos de la vicepresidenta ejecutiva Delsey Rodríguez y lo aprobó en primera lectura. Maduro lo aprobará tan pronto como sea aprobado en una etapa posterior.
El ideario consta de 30 artículos y define al fascismo y al neofascismo como “métodos violentos de acción política”, como lo ejemplificaron las protestas callejeras contra el chavismo en 2014 y 2017, explicó Rodríguez a los parlamentarios.
La mano derecha de Maduro citó la expresión “obviamente fascista” de algunos partidos políticos que defienden las sanciones económicas y utilizan lemas de “hasta el final”, en aparente referencia al leitmotiv de la ganadora de las primarias presidenciales de la oposición, María Corina Machado. y su movimiento político Vente Venezuela.
Expertos advierten que el proyecto de ley aprobado en su primera versión aún no ha sido publicado por el poder legislativo de Venezuela ni por el gobierno de Maduro.
Sólo se conocen algunos aspectos, como penas de 8 a 12 años de prisión e inhabilitación para cargos públicos a quien “solicite, convoque, promueva o realice actos violentos” en el ejercicio de sus derechos políticos.
Se revocará la licencia de cualquier emisora de radio o canal de televisión que difunda “mensajes prohibidos” que puedan ser considerados fascistas o “de naturaleza similar”.
Además, se imponen multas de hasta 100.000 dólares a los “medios electrónicos o impresos” en los que se difundan dichos mensajes. Los movimientos políticos considerados “apologistas” del fascismo no podrán presenciar ni manifestarse.
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Una comprensión amplia del fascismo
La abundancia de “conceptos vagos” que pueden aplicarse con discreción es una de las principales preocupaciones, como ocurre con la ley contra el odio aprobada en 2017, explicó a Voice of America un abogado y profesor investigador del Centro de Derechos Humanos de la universidad. Universidad Católica Andrés Bello, Carlos Lusvarti.
Destacó que la norma incluye la mención a las críticas a la institución como parte del castigo. “La crítica de decisiones reprensibles es una parte normal de la práctica democrática. La ley castiga con penas muy altas a quien sea víctima de ella”, advirtió.
Lusvarti comparó su promulgación con otras leyes penales aprobadas por el oficialismo venezolano, como la norma contra el odio y la reciente ley de protección del Esequibo, con conceptos impuros utilizados para “criminalizar” y “suprimir conflictos”.
Provea, Foro Penal, Acceso a la Justicia y Laboratorio de Paz son algunas de las ONG venezolanas que ya han expresado sus preocupaciones sobre la ley.
Gonzalo Himiob, abogado y vicepresidente del Foro Penal, dijo que notó similitudes entre la descripción que hizo el tribunal penal del proyecto antifascista, “amplia y muy amplia”, como se observó en la ley antiodio de la época, sobre la cual, Según sus registros, los últimos 6 al menos 79 fueron “criminalizados” durante el año.
“Puede dar lugar a arbitrariedades gravísimas (…) se está dando un golpe muy fuerte a la libertad de expresión, a la libertad de conciencia”, dijo este jueves a la prensa.
Prevención antes de las elecciones
Eduardo Trujillo, abogado especialista en derechos humanos y profesor investigador del centro sobre el tema de la Universidad Católica Andrés Bello, comentó que la ley habla de aspectos “ya incluidos en la Constitución” del país, entre ellos el derecho a la igualdad. Prohibición de toda forma de discriminación ante la ley.
El texto no está “ligeramente alejado del contexto histórico real” del fascismo como movimiento totalitario en Italia en la primera mitad del siglo XX, pero “podría ser un obstáculo para la participación política y un efecto más temprano”. -El proceso electoral que tiene hoy Venezuela”, dijo Trujillo a El Álbum de La Voz.
Su principal preocupación ante la declaración de inexistencia de una persona jurídica que viola el fundamento de la nueva ley es “quién o con qué fin” determinará que un acto, expresión o conducta de una persona natural o jurídica tiene ese significado.
El constitucionalista Tulio Álvarez, por su parte, consideró “ridículo” que el Gobierno califique sus políticas de “alejadas de la práctica democrática” en la ley y en sus discursos públicos calificando a sus opositores de “fascistas”.
“Esta ley es una violación al Tratado de Barbados y busca desviar la atención de los temas electorales”, como ha denunciado la oposición tradicional de cara a las elecciones presidenciales del 28 de julio, añadió Álvarez en conversación con Voice of America.
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