Dos rectores suplentes del Consejo Nacional Electoral (CNE) condenaron la “destitución de hecho” que sufrieron el mes pasado, cuando la Asamblea Nacional, con mayoría formal, anunció sus renuncias sin notificación previa de ningún procedimiento de destitución.
En carta pública, los rectores Griselda Collina y León Arismendi expresaron su disconformidad con tal destitución y destacaron que su nombramiento en mayo de 2021 cumplía con todos los requisitos legales y contaba con el apoyo de diversas organizaciones políticas.
La renuncia de ocho de las 15 autoridades que integran el directorio del CNE llevó al parlamento a decidir terminarlo anticipadamente, utilizando como pretexto las renuncias de rectores cercanos al oficialismo.
Sin embargo, Collina y Arismendi aclararon que no renunciaron y consideraron que ese arreglo constituía una “destitución de facto”. Ambos rectores expresaron su disconformidad con la forma en que se disolvió la junta directiva y dijeron que representaba un golpe a la institución electoral ya los acuerdos anteriores.
Griselda Colina explicó que es importante alzar la voz ante esta decisión y señaló que la falta de operación para el registro de nuevos votantes en 2022 es un símbolo de que la institución no está dispuesta a hacer concesiones. Según él, esta destitución de los rectores del CNE es una muestra de institucionalidad y falta de respeto a las esperanzas del pueblo.
En ese momento, el presidente del CNE, Pedro Calzadilla, y otros rectores anunciaron su decisión de renunciar para contribuir a que Venezuela “culmine su camino hacia la prosperidad económica y la estabilidad social”. Sin embargo, los rectores suplentes ahora han denunciado que fueron despedidos sin consulta previa y en violación de los acuerdos establecidos.
La denuncia de los rectores suplentes del CNE sobre su “remoción de facto” y la falta de notificación previa subraya la preocupación de las instituciones electorales de Venezuela. La destitución de rectores sin seguir los procedimientos adecuados y respetando los acuerdos establecidos genera dudas sobre la imparcialidad y transparencia del proceso. Es imperativo que se respeten los principios democráticos y se garantice la independencia y legitimidad de las autoridades electorales. La estabilidad y confianza en el sistema electoral es fundamental para asegurar la participación ciudadana y avanzar en la democracia del país.
