Hasta la fecha, al menos 10 menores detenidos por protestas postelectorales han sido enviados para ser juzgados por el Tribunal Antiterrorista. “Queremos libertad para nuestros hijos, eso es lo que queremos”, afirma Yenni Fables.
Siete adolescentes detenidos en Valencia, estado Carabobo durante las protestas postelectorales, fueron procesados la tarde del miércoles 2 de octubre por el Juzgado 2 con competencia en materia de terrorismo, a cargo de la jueza Keidimar Ramos Castillo.
El grupo, que fue juzgado mediante audiencia telemática, tenía entre 15 y 17 años. Hasta la fecha, al menos 10 de los 68 menores detenidos en relación con las protestas postelectorales han sido enviados a juicio ante tribunales antiterroristas. El resto son Caracas y Yaracuy.
“Queremos libertad para nuestros hijos, eso es lo que queremos”, afirma Yenni Fables. Su hija de 16 años fue detenida el 29 de julio cuando iba a comer unos hot dogs con su novio.
“Cuando regresaban, unos encapuchados los apresaron. Los trasladaron a Parama (Fuerte) y allí los torturaron. Lo vi el jueves. Estuvo tres días sin comida ni agua, y cuando lo vi en el palacio del juicio, eso es cuando se conocieron”, dice Fables, conteniendo las lágrimas.
Su hija, como el resto del grupo, será trasladada al comando policial de Tokuito, la misma ciudad donde se encuentra el Internamiento Judicial de Carabobo, la prisión a la que el dictador Nicolás Maduro ordenó enviar a todos los “terroristas” dentro de un mes. de agosto
“Mi hija me dijo que se quiere morir, que no quiere pasar diciembre ahí, que ya no aguanta más esta situación, no aguanta. ¿Por qué es tan injusto si ella no hace nada?”. Para comer unos hot dogs, ¿terroristas?
La joven estudiante, que este lunes 30 de septiembre comenzará su quinto año de secundaria, ha sido acusada de terrorismo, incitación al odio y obstrucción de la vía pública. “Le dijo al juez ahora mismo, quiere continuar sus estudios, ¿por qué se va a terminar su sueño?”.
Hace unos días, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón -que se ha solidarizado con el grupo- denunció que se estaba obligando a jóvenes a confesar la verdad o reducir sus penas a cambio de la liberación del grupo. “Les dijeron que porque les tenían lástima, no sé qué pensaron, les dijeron que les iban a dar seis años y ocho meses. Y si no lo aceptaban, juntaron pruebas pero no No sé qué pruebas, porque dijeron muy claramente que dentro de los primeros 15 días iban a recolectar pruebas, pero resulta que no hay nada. “No tienen nada, ni video, nada”.
Yeni Fábulas también afirma que hace unas semanas entregaron la carta, boleta de calificaciones y otros documentos solicitados por la defensoría pública de buena conducta de Caracas. “Acá no hay nada en los expedientes. Cada vez que vamos a hablar con el abogado nos patea, nos abusa, no hay información.
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