En el juicio contra los seis sindicalistas, las únicas pruebas difundidas por la fiscalía fueron algunas capturas de pantalla y mensajes escritos en Twitter. Días después de esa audiencia, trabajadores de la Coalición Sindical Nacional se solidarizaron con sus compañeros de Caracas, criticaron la falta de testigos en el juicio y prometieron apelar la decisión.
La ONG Prova informó la tarde del 20 de diciembre que seis sindicalistas detenidos en julio de 2022 habían sido liberados y condenados a 16 años de prisión en agosto de este año por cargos de “conspiración” y “asociación para delinquir”. Se trata de Alcides Bracho, Gabriel Blanco, Emilio Negrón, Alonso Meléndez, Néstor Astudillo y Reynaldo Cortés, quienes fueron detenidos en el Centro de Control y Protección La Jaguar, en Caracas, sólo para exigir un aumento salarial y mejores condiciones laborales para el sector público. Una ola de protestas el año pasado Instructivo emitido por la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre).
Los términos de la liberación del grupo se desconocen hasta el momento, pero su salida de prisión se anunció en medio de conversaciones entre el gobierno de Joe Biden y el régimen de Nicolás Maduro, que liberarían al menos a 36 personas a cambio del empresario y presunto testaferro colombiano Alex Saab, un anónimo. fuente confirmada a Reuters.
La mayoría de los sindicalistas liberados estaban afiliados a sindicatos del aparato administrativo del Estado venezolano, como los tribunales y el poder legislativo.
Todos fueron detenidos por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) utilizando diversos métodos que incluyen detención arbitraria, desaparición forzada, allanamientos ilegales y actos de acoso.
Tarek William Saab, el fiscal designado por la extinta Asamblea Constituyente, defendió así el proceso judicial: “¿Por qué los dirigentes sindicales deberían disfrazarse de personas detenidas por actos de conspiración?” De igual forma, vinculó con el imputado a “un militar desertor, prófugo, de Colombia”, Ángelo Heredia, un capitán de la Guardia Nacional que se fugó en 2019 de un penal militar, donde estaba detenido desde 2017 por rebelión.
La ONG Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia denunció que las únicas pruebas difundidas por la fiscalía contra ellos en el juicio fueron algunas capturas de pantalla y mensajes escritos en Twitter. Además, días antes del juicio, trabajadores de la Coalición Sindical Nacional se solidarizaron con sus compañeros de Caracas, criticaron la falta de testigos en el juicio y prometieron apelar la decisión.
Y sí, la denuncia de estos dirigentes sindicales generó indignación en diversos círculos políticos del país, pero también a nivel internacional.
Por ejemplo, expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) consideran que Venezuela “abusa crónicamente” de las leyes antiterroristas “contra quienes defienden los derechos de los trabajadores”. Incluso pidieron a los dirigentes sindicales que investigaran los asesinatos y las amenazas. En respuesta a estas declaraciones, el gobierno de Nicolás Maduro, en un comunicado difundido por el ministro de Relaciones Exteriores, Ivan Gill, calificó las declaraciones de “irresponsables”.
Mientras tanto, Oikyamancha condenó en ese momento Cometió “violaciones de derechos humanos” contra ellos y se negó a permitirles continuar con un juicio que había estado “plagado de errores procesales durante seis meses”.guerrero social “Quienes estuvieron al frente de la protesta para ejercer sus derechos”.
En el momento de su liberación, estos seis miembros del sindicato habían estado detenidos injustamente durante más de 500 días.
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