Los trabajadores petroleros no exigen compensación por su trabajo cuando son despedidos de la industria, pero violan derechos humanos como el derecho al trabajo, el derecho a la defensa y el derecho a la vida. Insisten en que corresponde a la Asamblea Nacional elegida en 2015, “como representante directa de la voluntad popular”, intervenir en defensa de los ciudadanos afectados.
Un grupo de trabajadores petroleros que iniciaron una demanda contra PDVSA, Citgo y el gobierno venezolano, solicitaron este jueves 25 Asamblea Nacional elegida en 2015 Y su presidenta, Dinorah Figueroa, sostuvo una reunión de emergencia para discutir el asunto.
En una carta dirigida a la congresista Figueira, los activistas advirtieron que el caso legal “requiere de una intervención legislativa para garantizar la protección de los derechos humanos, la protección de los bienes de Venezuela en el exterior y los intereses nacionales”.
“La Asamblea Nacional tiene el deber constitucional de intervenir en situaciones en las que estén en juego los derechos fundamentales de los ciudadanos. “Este caso representa no sólo una lucha por la justicia para los trabajadores afectados, sino también un llamado a proteger los principios fundamentales que sustentan nuestra sociedad”, dijo el portavoz laborista Evan Frites.
En septiembre de 2023, Falcón (Sutpgef), el sindicato único de trabajadores del petróleo, petroquímicos, gas y afines del estado, inició acciones legales en un tribunal de Delaware y pidió a todas las partes interesadas que se afiliaran. Unas 2.000 personas se sumaron directamente a la demanda. Pero cubre a más de 20.000 personas afectadas.
*Leer más: Activistas petroleros amplían demanda contra PDVSA y Citgo a EE.UU. por abusos a derechos humanos
Las víctimas no sólo exigen el pago de su responsabilidad laboral mientras son despedidas de la industria, sino que también violan derechos humanos como el derecho al trabajo, el derecho a la defensa, el derecho a la vida, etc.
Los trabajadores insistieron en que corresponde a la Asamblea Nacional elegida en 2015, “como representante directa de la voluntad popular”, intervenir en defensa de los ciudadanos afectados.
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