Autoridades del Estado Plurinacional de Bolivia arrestaron este miércoles al general Juan José Zúñiga por participar en un golpe de Estado contra el presidente Luis Arce.
Zúñiga fue capturado cuando salía del cuartel general del Estado Mayor boliviano a las 7:00 hora local, cuando conducía con tanques a un grupo de militares hacia el cuartel ejecutivo en la ciudad de La Paz.
Al respecto, la Fiscalía General del Estado de Bolivia anunció que abrirá una “investigación penal” contra el ahora destituido general Juan José Zúñiga y todos los militares que participaron en la reunión “irregular” de militares armados que ” Ingresó” a la sede del gobierno boliviano en La Paz.
Ante los recientes hechos ocurridos en la ciudad de La Paz, sede del Gobierno y del Poder Legislativo, el Procurador General del Estado, Juan Lanchipa, “ordenó el inicio de todas las acciones legales consistentes con la apertura de una investigación penal contra el General Juan José Zúñiga y todos los demás partícipes de los hechos ocurridos y que constituyen delitos penales”, dijo la Fiscalía en un comunicado.
Tanques y tropas fuertemente armadas llegaron este miércoles a la sede del Gobierno boliviano al mando de Zúñiga, en lo que Ars denunció como un “intento de golpe de Estado”.
Unos minutos más tarde, Zúñiga y sus hombres armados se retiraron, tras lo cual el presidente Arce relevó a todo el alto mando militar.
Arce se enfrentó a Zúñiga en la puerta de la Casa Grande del Pueblo, sede del gobierno, que había sido derribada por un tanque militar, y le ordenó “retirar” a las tropas que lo acompañaban.
“Una orden de retirada de todas estas fuerzas”, gritó Luis Arce a Zúñiga.
El general Juan José Zúñiga, ex comandante de las fuerzas armadas, ha sido acusado de “terrorismo y rebelión armada contra la seguridad y soberanía del Estado”.
Fondo
Juan José Zúñiga, quien ocupa el cargo de comandante del Ejército desde 2022, perdió su cargo este martes tras una serie de amenazas contra el expresidente Evo Morales.
Zúñiga es un militar de alto rango que se opone a la candidatura de Evo Morales en 2025. A causa de su discurso fue destituido de su cargo, pero decidió rebelarse contra el poder ejecutivo.
Ha estado en el centro de acusaciones, incluida su presunta participación en un “plan negro” destinado a perseguir a líderes políticos y sociales. También se le acusa de malversación de fondos públicos.
Presuntamente, el militar sería acusado de participar en el desvío irregular de 2,7 millones de pesos bolivianos destinados al pago de los bonos “Juancito Pinto” y “Renta Dignidad”.