La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no vio irregularidades que ameriten su intervención, a pesar de que los implicados llevan más de cinco años detenidos y sus juicios aún no han comenzado.
Caracas. Las reformas legales aprobadas por el chavismo para evitar abusos con prisión preventiva y dilación procesal de guerra siguen siendo letra muerta y esto es en gran parte gracias al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Al menos esa es la impresión que deja el caso contra un complot de corrupción liderado por Diego Salazar Carino, exministro de Petróleo y primo de Rafael Ramírez, expresidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Salazar Carino y otros imputados integrantes de la red ilegal, como el empresario José Enrique Luongo Rotundo, llevan más de cinco años privados de libertad sin juicio. A pesar de ello, el artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) establece claramente que la prisión preventiva “en ningún caso podrá exceder de la pena mínima prevista para cada delito, ni exceder del término de dos años”.
Asimismo, especifica que sólo en determinados supuestos podrá prorrogarse “hasta por un año adicional” y siempre que el proceso sea “retrasado por dilación indebida imputable al imputado, el imputado o sus defensores”.
A pesar de esta evidente incongruencia, la Sala de Casación Penal del TSJ declinó revisar el asunto. En el alegato destacaron que la situación “constantemente” constituye una escandalosa violación al ordenamiento jurídico o una violación que viola el debido proceso y no pone en peligro el poder judicial, la paz pública o la imagen de las instituciones democráticas de Venezuela.
detención
El fallo consta en la Sentencia núm. 167, que fue emitida el 5 de mayo y en la que declaró “improcedente” el pedido de certiorari presentado por los abogados de Luongo Rotundo en marzo.
Luongo Rotundo es hermano de Jesús Luongo, exgerente de Refinería Cardone (Falcón). El exfuncionario fue arrestado en el aeropuerto de Myketia en diciembre de 2018. Horas antes detuvieron a Salazar Cariño, acusado de malversar más de US$4.500 millones de PDVSA a lo largo de los años, informó en su momento el Ministerio Público. Los fondos habrían acabado depositados en bancos de Andorra, un pequeño país europeo situado entre España y Francia y considerado paraíso fiscal.
Desde su detención, empresarios como Salazar Cariño se encuentran recluidos en El Helicoide, una de las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en Caracas.
razón de los jueces
La Sala justificó su negativa alegando que los demandantes no habían agotado todos los recursos a su alcance para corregir las irregularidades denunciadas. El proyecto de dictamen de la magistrada Carmen Marisela Castro decía así.
“Los peticionarios no pueden pretender que esta Sala de Casación Penal, por avocamento, asuma funciones constitucionales y legales acordes con los órganos competentes, ya que las partes deben agotar todos los medios procesales adecuados previstos por la ley de apelación para proteger sus derechos. la derecha , siendo el avocamiento una institución jurídica de carácter excepcional y restrictivo, no un medio de revisión sistemática de situaciones que deban ser resueltas por los tribunales respectivos.“argumentó el TSJ.
El tribunal superior no consideró irregular la permanencia del empresario tras las rejas pese a la decisión de prorrogar su prisión preventiva en enero de 2022. A los abogados del empresario tampoco les preocupó que no tuviera ningún pedido. Aceptado por los jueces que conocen del caso. Ni siquiera relacionado con su condición física. El empresario, según sus representantes, padece diverticulitis y desde 2017 sus médicos plantearon la necesidad de que se someta a una operación. Esto sin contar otras patologías cardíacas y renales.
otro retraso
El juicio contra Salazar Carreño y Luongo Rotundo no ha comenzado y parece que llevará más tiempo. En enero pasado, la Sala 10 de la Corte de Apelaciones de Caracas decidió anular de oficio la audiencia preliminar (donde se acordó el juicio de los acusados) porque no se incluyeron las denuncias de PDVSA y la Fiscalía General de la República.
Luego de 21 aplazamientos, la audiencia preliminar se llevó a cabo en marzo de 2021.
Las irregularidades en el uso de la prisión preventiva han sido condenadas por organismos como la Misión Internacional de Investigación de las Naciones Unidas para Venezuela.
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