Padres y representantes de los 71 estudiantes expulsados de la UNES denunciaron que se violaron las normas de convivencia propias de la institución, así como la ley orgánica del proceso administrativo. Denunciaron que el rector Fabio Zavares se negó a aceptar otros recursos para revisar los casos.
La Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), sede de Caracas, autorizó la expulsión de 71 estudiantes vinculados a protestas al interior de la institución el 28 de julio, día de las elecciones presidenciales.
Luego de revisar los recursos presentados por el grupo, las expulsiones fueron legalizadas bajo el argumento de violar las normas de convivencia en materia de “moral y buenas costumbres dentro o fuera de la universidad”, debido a la jornada y al reclamo de votos de apoyo que difundió en las redes sociales. .
Veinticinco de los 71 estudiantes de TSU con especialización en criminología e investigación criminal se graduaron el 30 de agosto, pero fueron sujetos a un consejo disciplinario el 11 de septiembre cuando se informó que el grupo había sido expulsado.
Cuatro jóvenes ya habían obtenido sus títulos, pero la universidad también los llamó para revocarlos. A otro grupo, que debía comenzar las clases hace dos semanas, se le prohibió la entrada a la institución y a una joven incluso se le retiró del entrenamiento matutino.
Juan, padre de uno de los expulsados, comentó que esto vulnera las normas de convivencia de la universidad en el artículo 142, que establece que “al decidir sobre un recurso de revisión, director de centro de formación o de clasificación” ante la Secretaría General de la UNES, el estudiante o estudiante suspendido de actividades académicas.”
“El rector (Fabio Zavarese) dijo que no recibiría nada. No las respetaron en absoluto, no respetaron las reglas de convivencia ni la ley orgánica del proceso administrativo en ningún caso”, dijo John.
Estas decisiones fueron tomadas por el general José Rigoberto Betancourt Moya, secretario general de la UNES y exdirector del Centro de Capacitación. “Debería haberse abstenido por razones morales, porque cómo puede decidir un caso cuando él estaba en esa situación. Deberían haberse recusado pero hacen lo que quieren, se pagan y se cambian”, insiste el padre de uno de los marginados.
Los documentos que proporcionaron para aprobar la decisión dicen que los estudiantes no fueron suspendidos hasta que se tomó la decisión de aprobar la expulsión, se les permitió ser escuchados e incluso admitieron que habían cometido malas conductas. Las víctimas niegan que haya ocurrido alguna de estas situaciones.
Los familiares calificaron la expulsión como “crueldad” y esperan que el ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello, y de Educación Universitaria, Ricardo Sánchez, estén al tanto de la situación. “Lo que les hicieron a todos estos tipos es malo”.
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