El Grupo de Acción Financiera del Caribe señaló que, aunque la administración de Maduro dice que combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo es parte del plan del país y es parte de los “cuadrantes de la gran misión de paz”, el país no lo ha hecho. Capaces de demostrar que estas grandes intenciones se reflejan en acciones concretas.
La lucha contra la corrupción y el lavado de dinero en Venezuela ha fracasado. Según una evaluación mutua realizada por el Grupo de Acción Financiera del Caribe (CATAF), el país no ha podido demostrar una acción contundente en la lucha contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la corrupción.
Venezuela no sólo es deficiente en la evaluación y mitigación de los riesgos de este delito a nivel institucional, sino que tampoco existen políticas contra el lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo que tomen en cuenta los riesgos identificados en la evaluación. GAFIC entre 2015 y 2020, señaló el grupo en su informe, aprobado en noviembre de 2022 y publicado en marzo de este año.
Documento resume medidas reportadas por la administración de Nicolás Maduro durante la visita en el sitio, Realizado en países del 17 al 28 de enero de 2022 y analizó el nivel de cumplimiento de 40 recomendaciones realizadas por el GAFI a los países.
Uno de los puntos que señala el grupo es que, aunque el gobierno de Maduro dice que combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo es parte del plan del país y es “parte de la misión de los Grandes Cuadrantes de Paz”, el país no lo hace. Ser capaz de demostrar que estas grandes intenciones se reflejan en acciones concretas.
No hay evidencia de que se laven bienes de terceros o se autotráfiquen, y pese a que la Corte Suprema de Justicia juzga casos de lavado o terrorismo, resolverlos “no es efectivo y tiene consecuencias negativas para el Estado, la víctima y el imputado”. .
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En el caso del terrorismo, la mayoría de los procesos judiciales no estaban relacionados con delitos que generaran activos para organizaciones terroristas, como el contrabando o la minería ilegal.
Según el GAFIC, “también hay deficiencias en las disposiciones que permiten inferir la intención de financiar el terrorismo a partir de circunstancias fácticas objetivas” y que las personas jurídicas no pueden ser autorizadas como lo establece la ley estatal.
Además, criticaron que Venezuela no penaliza el financiamiento de viajes de individuos con fines terroristas, y que las sanciones no se extienden a casos en los que los fondos u otros recursos no fueron utilizados para “intentar” actos terroristas.
Otro punto que destacó el grupo es que la gama de productos y activos, así como las medidas destinadas a identificarlos, rastrearlos y protegerlos, son limitadas. Estas restricciones incluyen la adecuada investigación de estos delitos y la protección de los derechos de terceros de buena fe.
El grupo también incluyó entre los limitados déficits de energía de Venezuela que deberían apoderarse de propiedades. Las incautaciones por parte del Senyat, según datos proporcionados por el gobierno de Maduro, fueron apenas 20 por tierra, tres por mar y ninguna por aire en cuatro años.
En cuanto a decomisos de dinero, muebles e inmuebles, entre 2016 y 2021 solo se confiscaron más de 26 millones 856 mil dólares.
Las ONG están fuera de la ecuación
Durante una conferencia de prensa este jueves 31 de agosto, el director de Acceso a la Justicia, Ali Daniels, enfatizó los hallazgos del informe sobre las acciones del gobierno venezolano contra la sociedad civil y organizaciones sin fines de lucro, las cuales están sujetas a la ley contra el dinero. lavado. y la financiación del terrorismo interno.
Según el GAFIC, la excesiva atención dada a este tipo de organizaciones y a las medidas que el país intenta implementar no se justifica bajo sus estándares y puede ser perjudicial para otras actividades. El equipo de evaluación tampoco estuvo de acuerdo con el nivel de riesgo que la administración de Maduro impuso a Ogenes.
El director de Acceso a la Justicia dijo que la lucha contra el lavado de dinero no es una acción contra las ONG. “Éste es el país que no está realmente comprometido con el GAFI ni con sus recomendaciones”.
Para Daniels, la administración de Maduro guarda silencio sobre este informe “porque sabe que el GAFIC es mucho más fuerte que el Alto Comisionado, a pesar de la falta de acuerdo (…) Podemos decir que la sociedad civil venezolana ha podido conseguir el GAFIC. que es un riesgo País: Los problemas de Venezuela no se reducen a sanciones, porque se ignoran los problemas estructurales de la economía que nos llevaron a esta situación.
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