El chavismo acumula una larga lista de violaciones a los derechos laborales, irrespeto a sus promesas como empleador y otras formas de recaudación de dinero que no pueden afectar la mejora salarial de la población, aunque portavoces del chavismo confirman que Maduro es complaciente. Prohibición
El diputado de la Asamblea Nacional (AN) electo en 2020, José Gregorio Vielma Mora, afirmó que la administración de Nicolás Maduro no puede aumentar los salarios en este contexto y que el presidente “sufre” esta situación.
“El presidente Nicolás Maduro está sufriendo, sufriendo, al no poder aumentar los salarios que merecen los trabajadores venezolanos”, dijo en una entrevista. Venivisión.
El chavismo se escuda en sanciones para impedir que se aprueben aumentos salariales en medio de las protestas del sector laboral contra el “gobierno laborista” de Maduro por mantener el salario mínimo en Bs 130, equivalente a 3,96 dólares al tipo de cambio del Banco Central de Venezuela (BCV).
“Lo sabemos. Hay una necesidad, lo sentimos. Nos molestan mucho las medidas coercitivas unilaterales contra nuestro país. La gente cree que sólo afecta al sector público, pero afecta a 30 millones de habitantes de este país”, enfatizó Vielma Mora. .
Después de más de un año sin ningún anuncio salarial, los salarios de los trabajadores se ajustaron por última vez el 1 de mayo, Día del Trabajo. En esa ocasión, en lugar de aumentar el salario mínimo, Maduro decidió mantener sin cambios Bs 130 y, en cambio, elevó la canasta de billetes de Bs 40 a Bs 1.000 ($40 en ese momento) y redujo el bono de guerra económica al equivalente a $45. Una suma de $30.
Aunque la decisión en su momento se tradujo en un modesto aumento de la remuneración –pero no del salario– para los trabajadores activos del sector público, que recibían entre 52 y 75 dólares mensuales, la medida violaba múltiples derechos laborales y no beneficiaba a los pensionados. y los jubilados, que no obtienen boletos de canasta. Aparte de que estos conceptos no afectan las prestaciones y demás prestaciones laborales.
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El argumento del chavismo en torno a la prohibición contrasta con el crecimiento económico que el propio chavismo ha celebrado y, sobre todo, que el negocio de Petróleos de Venezuela ha mejorado en los últimos dos años. En este contexto, el caso de corrupción “Pdvsa Cripto” dejó pérdidas por más de $3.000 millones, cifra distribuida entre los 5 millones de jubilados del país, lo que equivaldría a pagar $600 por persona.
A raíz de este esquema de corrupción, originado dentro del chavismo, Maduro ordenó la aprobación de la Ley Orgánica de Confiscación de Bienes, que permite al Estado apropiarse de activos privados si se obtienen por medios ilegales.
Mediante este acto ordenó la confiscación de edificios, apartamentos, palacios, terrenos, aviones, barcos e incluso vehículos de lujo. En un acto público, confirmó que todos esos bienes y producto de las operaciones serían destinados a la Policía Nacional Bolivariana (PNB), mientras millones de trabajadores exigieron el pago de cuotas del chavismo, aumentos salariales y el cumplimiento de los convenios colectivos.
El chavismo no está sordo a las protestas y, cuando la acción callejera del año pasado presionó a las autoridades por el rechazo de directivas que tergiversaban los salarios de los trabajadores, Maduro prometió pagar las bonificaciones de vacaciones que se les debía a los funcionarios. Sector educativo. Estos pagos terminaron dividiéndose y disolviéndose con la inflación.
De igual forma, en mayo de 2022, la vicepresidenta Delsey Rodríguez informó que el oficialismo pagaría un bono de Bs 10.000 a los ciudadanos que ingresen al sistema de pensiones entre 2018 y 2022, equivalente a $2.222 en ese momento. Organizaciones sindicales y pensionistas han confirmado que el dinero no se ha distribuido en su totalidad.
Incluso el ajuste salarial del 1 de mayo ocultó una inexactitud que perjudicó a los trabajadores, ya que por el billete de canasta se debía pagar el equivalente a $40 en bolívares, pero la decisión precisada en el diario oficial sólo mencionaba el monto de Bs 1.000, ya que la medida que cuatro Han pasado los meses, no se ha conciliado.
Por lo tanto, Bs 1.000 que en ese momento equivalían a $40, ahora representan $30,81. Esto significa que los pagos de los billetes de la canasta, en dólares, han perdido el 23% de su valor.
Además de estos, las autoridades han expresado otros enojos con el sector laboral del país, generando críticas y continuas protestas, mientras Maduro asegura estar “sufriendo” por su decisión.
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